Fútbol
La Federación ha manejado 291 millones de dinero público
El proceso de «desconexión» de Villar con las leyes españolas contrasta con las pingües ayudas recibidas
El ordenamiento jurídico español se le queda pequeño a Ángel María Villar, que constantemente apela a las normas de la FIFA para intentar salirse con la suya. Si no le gusta un Real Decreto, como el que convalidó el Parlamento en mayo para repartir los derechos audiovisuales, pide que se amenace a España con excluir a nuestro país de todas las competiciones internacionales. Si no le gusta una Orden Ministerial, como la que ha publicado el Gobierno para regular los procesos electorales de las federaciones, apela a los estatutos de la FIFA , que dicen en su artículo 17 que «no se permitirá ninguna clase de injerencia electoral». Y, por supuesto, el nuevo desafío de la Federación al Consejo Superior de Deportes encuentra acomodo en otro artículo de la FIFA, concretamente el 13, que obliga a sus miembros a «observar en todo momento los estatutos, los reglamentos, las disposiciones y las decisiones de los órganos de la FIFA». Como quiera que la FIFA ordenó prohibir los fondos de inversión en el fútbol, la Federación lo que hace es obedecer al organismo internacional, aunque con ello se salte al CSD y a la Comisión Nacional de la Competencia.
Los enfrentamientos de Villar con los diferentes gobiernos socialistas y populares no han impedido, sin embargo, que la Federación haya recibido grandes cantidades de dinero en subvenciones, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de un porcentaje de las quinielas. En total, más de 291 millones de euros desde 1988.
Ciertamente, en los últimos años dichas cantidades se han visto disminuidas desde que la Federación renunció, en plena crisis, a la subvención ordinaria, para que su parte la reciban otras federaciones con menores recursos. Ello también ha servido a Villar de coartada para intentar no ser auditado . Aunque las ayudas actuales (3,1 millones) son mínimas en relación con sus ingresos totales (130 millones) la Ley del Deporte, sin embargo, obliga a auditar también los ingresos de otra procedencia, como patrocinios y derechos audiovisuales.
