Moreno dice que el alcalde sabía del posible riesgo sanitario para 53.000 chiclaneros

Se rompió el silencio de radio. La tensión se palpaba y los comunicados de unos y otros se cruzaban a un ritmo trepidante, por lo que el Ayuntamiento ha decidido acabar con su clamoroso silencio en el mediodía de hoy. El objetivo era aclarar los términos tras la crisis de gobierno municipal que comenzó el pasado martes cuando el alcalde Ernesto Marín destituyó a la delegada de Vías y Obras, Susana Moreno, (PVRE).

El motivo fue ocultar supuestamente un informe que hablaba del posible riesgo sanitario para 53.000 vecinos, usuarios de pozos ilegales y contaminados por la cercanía de aguas fecales. Sin embargo, ayer la propia Moreno también rompió su silencio para aclarar que «el alcalde y el presidente del Partido Popular (Andrés Núñez) conocían de los trabajos de redacción de dicho informe».

Por su parte, en un comunicado el Ayuntamiento no se movió ni un ápice de su postura para reiterar que Moreno «ocultó» la información. 

La edil, en su nota de prensa dio un paso más allá para afirmar: «Una vez concluido el informe, en diciembre de 2014, insto al alcalde a que, con las conclusiones de dicho documento, tome las decisiones oportunas. Apremiaban a tomar decisiones urgentes y efectivas para evitar la situación de riesgo a la que se enfrentan los vecinos (...). Pese a todo, decide no actuar. Al no tomar medida alguna, opto por enviar el informe por Registro Departamental de Salida nº 2.175 personalmente a él para que quede constancia que ya trasciende a mis competencias poder tomar medidas de urgencia». 

Además de eso, según la ya concejal no adscrita, fue el propio Marín quien le otorgó competencias para «crear un órgano municipal para el desarrollo de las infraestructuras básicas para el municipio» y delegar en ella «la coordinación de dicho grupo de trabajo». De hecho, aportó el escrito firmado por el propio Marín en el que queda constancia de ello.

En virtud de estas competencias transferidas, como aclara Moreno, decide realizar el citado informe ya que «para realizar un trabajo eficiente y correcto en el abastecimiento de aguas es necesario saber el estado de la cuestión para poder determinar la salubridad del agua que consumen vecinos del diseminado». Según la concejala, de los avances de este informe estaban informados tanto el alcalde como el PVRE en conversaciones, reuniones o incluso correos electrónicos «aunque ahora lo nieguen».

Sin embargo, el frente de la dimisión de Susana Moreno no fue el único que tuvo que intentar apagar el Ayuntamiento. En su comunicado contestó a las afirmaciones realizadas por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz,Fernando López Gil que fue tajante al considerar que «la competencia de dotar de agua potable, con todas las garantías sanitarias, a los usuarios es municipal».

Además, dio un paso más al afirmar que en el caso de las aguas subterráneas, «que están al margen de la red municipal, es responsabilidad del usuario y responsabilidad del Ayuntamiento es la búsqueda de soluciones a estas prácticas».  Por su lado, el Consistorio contestó considerando que «los ayuntamientos no tienen competencia alguna sobre las aguas que contienen los acuíferos, dicha competencia es exclusiva de la Junta».

En cualquier caso, el único punto de encuentro estuvo en lo referente a la alerta sanitaria. Así, según la Junta «no se ha detectado ninguna incidencia sanitaria relacionada con el posible consumo de agua no procedente de la red de suministro municipal».

El Ayuntamiento mostró satisfacción por este hecho y consideró que  «se debe trasladar tranquilidad a la ciudadanía». López Gil aprovechó sus palabras para recordar que el arma para combatir el problema «está en el PGOU y en su aprobación de una vez por todas por parte del Ayuntamiento» a lo que el Ayuntamiento recordó que tanto la propia Junta como la institución municipal ya trabajan en su aprobación.

Más ampollas levantó la consideración de López Gil al achacar que «el Ayuntamiento no ha conectado a las viviendas las infraestructuras construidas por la Junta, con lo que echa por tierra una inversión millonaria que ya podría estar dando servicio a los vecinos de la Rana Verde y que supuso una inversión de «más de 15,1 millones de euros para completar el ciclo integral del agua en este núcleo».

Algo que, a juicio del Consistorio, es imposible de realizar  debido a «la anulación del PGOU por el Tribunal Supremo en junio de 2011». Por su parte, el PSOE, con José María Román a la cabeza, acusó a Marín de alarmismo por su gestión de esta crisis de Gobierno y se refirió al caso de la Rana Verde al afirmar «las obras concluyeron en 2011 y es terrible que, después de cuatro años, no haya habido ni una sola acción que haya facilitado a estas zonas agua potable y alcantarillado, sobre todo, cuando los tubos están a tres metros de las viviendas».