Mas afirma que la investigación del 3% busca «el espectáculo y hacer daño a CDC»
Asegura que la contratación pública de la Generalitat es «impecable» y modelo a imitar en la UE
El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, asegura que la investigación del 3% busca «espectáculo y hacer daño a CDC». Y sostiene que el sistema de contratación pública de la Generalitat es «impecable» y modelo a imitar por parte de la Unión Europea.
Mas comparece en la Diputación Permanente del Parlamento catalán a petición propia tras reactivarse la llamada operación Petrum, en la que se investiga el supuesto cobro de comisiones del 3% en la adjudicación de obra pública por parte de Convergència. Lo hace el día después de que su tesorero, Andreu Viloca, ingresara en prisión, y coincidiendo con el arresto de su predecesor, Daniel Osàcar.
Mas ha reiterado que la operación de la Guardia Civil busca el «espectáculo y un daño particular sobre un partido en concreto». En este caso, ha dicho, que los medios ya estaban preavisados. «Yo estoy a favor de que se investigue, porque es necesario si hay indicios de irregularidades, pero debemos separar la buena finalidad de lo que es puramente el espectáculo». El líder de CDC ha dicho que se siente responsable porque en esta fase aparece implicada una empresa de la Generalitat, Infraestructures.cat. Por ello, ha centrado su intervención en explicar el sistema de contratación pública, que es «impecable, no hay errores ni posibilidad de influir de una manera partidista o personal».
«Transparencia y garantías»
Ha explicado que este modelo se ha ido sofisticando cada vez más hasta lograr «máxima transparencia y garantías». Ha habido un interés político, dice, para lograr un gran nivel de exigencia. Ha recordado que, en 2011, poco después de asumir la presidencia de la Generalitat, creó la Oficina de Supervisión de la contratación pública, «replicada tres años después por la UE». La propia Comisión europea, en 2014, puso la oficina catalana como ejemplo.
Ha añadido que todas las adjudicaciones se publican en el portal de transparencia de la Generalitat y se anuncian con mucha antelación los requisitos de los concursos para que las empresas puedan prepararse en las mejores condiciones. Los criterios de adjudicación también se publicitan.
Según Mas, «la acusación que se hace por parte de la Fiscalía exige un trato de favor por parte de la Generalitat» y «si esto no se demuestra, todo lo demás cae». Ha dicho que las contrataciones dependen de una ley estatal que obliga, a partir de cinco millones de euros, se publique la oferta técnica que presentan las empresas -también hay una oferta económica-. «Muchas veces, el mejor puntuado técnicamente no es quien recibe la adjudicación. En 2015, en 28 obras, ha habido 10 casos en los que no se ha adjudicado a quienes quedaban primero técnicamente», lo que, según Mas, demuestra que no se puede ir tutelando a las empresas en su propuesta. La Generalitat, ha dicho, ha aplicado ese criterio a obras con un precio inferior a los cinco millones, a pesar de que la ley no obliga a ello. Por debajo de los dos millones, la ley española obliga a abrir la oferta técnica y económica al mismo tiempo. «Aquí el sistema de perfección no es completo, pero son obras menos frecuentes», ha precisado.
Donaciones a CatDem
El dirigente catalán ha dicho que «lo que se está investigando es la fundación de CDC, CatDem, que recibe donaciones de empresas, algo que no escondemos, está en manos del Tribunal de Cuentas, no hacía falta una operación de la Guardia Civil». Mas ha dicho que esto «es legal», aunque a algunos no guste. Ha recordado que algunas de «algunas de estas empresas ha hecho donaciones a otros partidos que no aparecen, lo cual parece un juicio de valor. Se criminalizan las aportaciones a un partido, y a otros no». Mas ha dicho que mientras la ley permita esas aportaciones, se debe cumplir y si no se está de acuerdo, se cambia. Y ha asegurado que, más allá de apercibimientos administrativos, el Tribunal de Cuentas no ha apuntado la comisión de ningún delito porque «tenemos un sistema de adjudicación que impide cometer trato de favor».
«Llevamos diez años de investigación de la Fiscalía y de las policías, lo miran todo con lupa de grandes aumentos, lo remueven todo, pero no hay ninguna sentencia que haya podido demostrar absolutamente nada», ha subrayado.
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