Ley electoral catalana: 35 años para lograr un acuerdo de mínimos

Los partidos catalanes han tardado 35 años en llegar a un acuerdo de mínimos sobre una ley electoral a la que el Parlamento autonómico acaba de dar luz verde para que siga su tramitación en comisión. El texto consensuado no entra en el asunto principal: qué sistema electoral se aplicaría, es decir, si se optaría por un modelo de proporcionalidad -una persona, un voto como siempre ha defendido el PSC- o de representatividad -como exige CiU, con fuerza electoral en las comarcas del interior-. La cuestión es fundamental ante unas elecciones autonómicas, las del 27 de septiembre, que el presidente Artur Mas enfoca en clave de plebiscito sobre la independencia de Cataluña .

De los intensos debates que ha generado este asunto da cuenta que, durante estas tres décadas, los socialistas han presentado hasta cuatro modelos de ley electoral catalana.

La proposición de ley votada ayer sí prevé la creación de una Sindicatura Electoral catalana que haga las funciones de junta electoral (formada por tres magistrados y tres académicos). Asimismo, la norma incorpora nuevas incompatibilidades para ser elegido diputado, como ser senador -actualmente la única senadora es la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho- o presentarse por una circunscripción donde no se está censado. Modifica el régimen retributivo de los diputados, de forma que quienes ejerzan otras actividades profesionales tengan un sueldo menor. Asimismo, se crea la figura del voto anticipado y se contempla la habilitación de mesas electorales móviles para hacer efectivo el derecho a voto de las personas ingresadas en hospitales, geriátricos o prisiones.

Se elimina la figura de los interventores y se regula la de los apoderados para que actúen en representación de la candidatura en cualquier acto del proceso electoral. La ley que se seguirá tramitando regula las informaciones a los medios de comunicación durante la campaña y obliga a los partidos a retirar la propaganda electoral una vez acabada.

Para la aprobación definitiva de la ley será necesario el apoyo de los dos tercios de la Cámara catalana (90 diputados). Fuentes parlamentarias aseguran que CiU y ERC se encomiendan a la CUP, ICV y al «transfuguismo», es decir, a los diputados díscolos del grupo socialista.