La Junta requiere la devolución de 17,4 millones por ayudas irregulares para cursos de formación

A mitad del proceso de revisión de las ayudas concedidas para cursos de formación, cuando se han analizado 4.365 expedientes, la Junta han encontrado anomalías en 2.504 de ellos, a los que requiere información o tiene en fase de estudio o de inicio de reintegro. En 581 de ellos hay resolución en firme de devolución de la ayuda concedida, por un importe total de 17,4 millones de euros.

Son las grandes cifras de la información que Luciano Alonso, consejero de Educación, ofreció ayer en la comisión parlamentaria, convocada con carácter monográfico y urgente para dar explicaciones ante el escándalo de los cursos de formación, con casos tan sonados como 'Edu', el primero conocido, u 'Oscar', que implica al exconsejero Ángel Ojeda.

Luciano Alonso explicó que son en total 8.505 los expedientes referidos a cursos de formación y que son revisados «uno a uno, factura a factura, euro a euro», sin muestreo, por un grupo de 64 contratados de la bolsa de empleo de la Junta.

De los 4.365 expedientes que se han examinado hasta ahora, 1.280 están correctamente justificados. Otros 2.504 siguen en revisión y el consejero espera terminar la tarea en el plazo de un mes.

Los 17.451.221,46 euros que las entidades deberán devolver, por el momento, suponen el 0,7% del dinero destinado a fondos de formación para el empleo en los años sometidos a estudio, desde 2007 y hasta hoy, una cifra que situó en 2.456 millones de euros. En ese tiempo, dijo Alonso, se realizaron 36.800 acciones formativas que fueron dirigidas a más de 758 mil personas.

La lista de empresas y entidades a las que se requiere la devolución y el importe de las ayudas se hará pública hoy en la web del Departamento, dijo el consejero.

Alonso recalcó que hay muchas empresas que han realizado correctamente los cursos, por lo que pidió que «no se criminalice» al conjunto de un sistema que «aunque es mejorable también ha proporcionado formación a miles de personas en un momento de máxima dificultad». También recalcó el ejercicio de transparencia, su ejemplaridad respecto a las prácticas en otras comunidades y que se recuperará todo el dinero defraudado.

Exceptuaciones

Insistió en que las exceptuaciones realizadas no suponen «personar ni condonar» y que «no hay amnistía», porque esta figura administrativa, ahora suspendida, significa que las entidades puedan concurrir a convocatorias públicas o cobrar subvenciones sin haber recibido la conformidad de subvenciones anteriores, pero que nadie queda a salvo de justificarlas. Todas las exceptuaciones decididas desde 2009 se harán públicas también en la web del departamento.

La diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero buscó en su intervención alcanzar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y llegó a decir que está «plenamente implicada» por sus «vínculos familiares» y que calificó de «negocio de la Junta» el sistema por el que ésta «se queda con el 25% y permite el fraude». Además, dijo que se realizaron exoneraciones mientras Díaz era consejera de Presidencia. También arremetió contra IU, «cómplice de la corrupción».

Ruiz Sillero pidió la dimisión de Luciano Alonso, reclamó que se den a conocer las exoneraciones individuales y preguntó si sigue la revisión, ya que los contratos de los 64 eventuales concluyeron en junio, además de considerar que la tarea debía estar en manos de funcionarios.

Alonso replicó que los contratos continuarán, que la revisión está en manos de la intervención, y respondió a la diputada que en el PP «hay contratos en diferido para los imputados».

Ignacio García, de IU, anunció que su coalición pedirá que el consejero comparezca cada mes o dos meses ante la comisión para dar cuenta de la marcha del proceso. García se centró en denunciar por qué se siguió concediendo cursos a Ojeda cuando ya estaba siendo investigado y manifestó que la presencia de IU en el Gobierno ha acabado con estas prácticas. IU no se siente atada al pasado, dijo, y tiene autoridad moral para pedir que se investigue.