Uno de cada cuatro trabajadores municipales queda en manos de la Junta

Se avecinan tiempos convulsos para el personal del Ayuntamiento de Cádiz. Inciertos cuando menos. La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local va a cambiar muchas cosas no sólo en los Ayuntamientos, sino en todas las administraciones públicas. El objetivo principal de esta nueva normativa, al menos el que más interesa a los ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz, es que se clarifiquen las competencias de cada organismo, de forma que se evite la duplicidad de las mismas y, yendo al grano, que cada palo aguante su vela.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado en repetidas ocasiones su conformidad con la redacción y aplicación de la nueva ley, como lo demuestra la propuesta presentada por el grupo municipal del PP en el pleno ordinario del pasado mes de marzo, con la que se pretendía «dar el apoyo a la reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos obligatorios de los ciudadanos».

Esa debe ser la mayor preocupación de todas las administraciones, que la ciudadanía siga recibiendo los mismos recursos y servicios públicos, aunque de forma más racional. Esto lleva a enfrentarse a uno de los grandes debates de la sociedad española en los últimos años: ¿Está dimensionada la demanda de servicios públicos con el personal que se encarga de prestarlos y gestionarlos? Ese personal ha estado precisamente en el ojo del huracán desde el inicio de las reformas del sistema público derivado de la crisis económica. Se les ha recortado el sueldo, se les ha ampliado el horario laboral, y puede que ahora, vean cambiar sus condiciones laborales de forma radical, tanto que hasta algunos verán como cambia el pagador de sus nóminas.

El teniente de alcaldesa delegado de Hacienda y senador del Partido Popular, José Blas Fernández, lo tiene claro, «tanto los servicios como el personal tiene que asumirlo la administración que tiene las competencias y por tanto el dinero». En ese grupo de competencias que van a cambiar de titular o que van a pasar a ser asumidas de forma exclusiva por el mismo están algunas tan básicas como las de Servicios Sociales, Educación, Sanidad o Vivienda. Yendo el referente más cercano, la ciudad de Cádiz, todos estos servicios van a pasar a depender de la Junta de Andalucía, después de años en que las competencias, a veces de manera coordinada, y otras por no tener más remedio, estaban compartidas o incluso duplicadas.

Ahorro

José Blas Fernández considera que la nueva ley va a reportar importantes beneficios al Ayuntamiento de Cádiz, ya que sus arcas se van a ver aliviadas. «Sólo en mantenimiento y limpieza de colegios, por ejemplo, nos gastamos al año unos dos millones de euros, y eso sin que estuviera claro que nosotros teníamos que hacer frente a estas funciones. Ahora eso nos lo vamos a ahorrar. Y lo mismo pasa con los Asuntos Sociales. Al año, entre las prestaciones que se aprueban para los usuarios y los gastos de personal, la inversión se va a casi 15 millones de euros. Cuando la Junta de Andalucía asuma sus competencias en este área buena parte de estos gastos los van a tener que asumir ellos, tanto los que competen a las prestaciones como los de los trabajadores».

El punto problemático en todo esto está en la forma en que dicho personal se ve afectado. Muchos de estos trabajadores son funcionarios interinos, con una plaza ganada en concurso público pero adscritos a determinados programas de la Junta de Andalucía. Es el caso de la mayoría de los trabajadores de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales. En principio El Gobierno andaluz tendría que subrogarlos y seguir contando con ellos para prestar unos servicios que en estos momentos son absolutamente imprescindibles. Con ello cuenta el Ayuntamiento de Cádiz.

Según el cálculo que hace el teniente de alcaldesa delegado de Hacienda, «un 25% de los trabajadores de la plantilla municipal» podría pasar por tanto en cuestión de meses a depender de la administración andaluza. Esto abre un escenario peligroso para ellos. El propio José Blas Fernández explica que si bien, «desde mi opinión», la Junta tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad de todas estas personas, «se puede dar el caso de que decidan suprimir ciertos programas o de que quieran reorganizar los servicios que se prestan. A lo mejor la Junta decide que en vez de tener un coordinador por programa en cada ciudad o provincia va a tener sólo a uno para toda la comunidad, por ejemplo», aunque todo ello lo comenta desde el terreno de la suposición.

Lo que sí deja claro es que la competencia va a ser en exclusiva para quien tenga el dinero. «Si el Gobierno central le da más transferencias a la Junta para que asuma las competencias, tendrá que afrontar su responsabilidad, si no, que se las dejen al Estado». En este sentido pone el ejemplo de lo que ha venido sucediendo a nivel local con la aplicación de la Ley de la Dependencia: «Tenemos dedicado a ello un montón de gente para que luego las prestaciones no se estén pagando porque la Junta tiene paralizados los expedientes», comenta.