Interventor y tesorera pasan a Moreno y De Bernardo la 'culpa' del desfalco

¿Quiénes son los responsables de la pérdida de 7,8 millones de euros de la caja municipal? Esa es la pregunta que intentará resolver el próximo 19 de junio el Tribunal de Cuentas en el juicio contable que se llevará a cabo, para intentar esclarecer lo ocurrido en el desfalco. Claro que no será una tarea sencilla porque ninguno de los implicados reconoce ni un atisbo de culpa en su forma de proceder. Es decir, que ninguno asume ni fallos, ni desliz ni omisión de sus tareas o ejercicios. Por lo que resulta inexplicable entonces que durante años se fueran millones de euros de la caja municipal.

Durante las próximas semanas se realizarán las tomas de declaraciones a los testigos periciales, acudiendo desde la plantilla de Hacienda hasta responsables del área, como la ex edil andalucista Marisa Espejo. Pero no serán los únicos testimonios con los que se contarán a la hora de que el Tribunal de Cuentas tome una consideración sobre lo ocurrido, ya que también se han solicitado por las partes diferentes informes, documentos y escritos con valoraciones, descripciones y análisis de expertos que han sido integrados dentro del proceso y que se inclinan de acuerdo a quien haya solicitado tales servicios.

En este sentido llama la atención el presentado por el interventor, José Antonio López, y la tesorera, María de las Virtudes Gómez. Un dictamen realizado por el consagrado catedrático de Derecho Financiero y Tributario, así como Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas en el año 2009, cuando se detectó el desfalco, Rafael Navas.

En su escrito argumenta que en el 2003 el tesorero ya alertó de la necesidad de externalizar el servicio de caja, «señalando la conveniencia de separar la gestión de los fondos en efectivo del ámbito de personas físicas». Sin embargo, ambos se encontraron ante «una clara voluntad de mantener un determinado estado de cosas, como revela la modernización del blindaje y aseguramiento de la caja municipal, dotada por cierto con una sola llave». Es decir, que se asegura por un lado que solo había una llave para abrir la caja, sin especificar quién era el responsable de ella (aunque también deja claro en el documento que los responsables directos son los dos ex cajeros), mientras que por otro se expone la falta de intención del Consistorio en cambiar las fórmulas que se estaban llevando a cabo, al revés se asentaron a pesar de las advertencias que realizaron. En este sentido sí aclaran sobre quiénes recae esta capacidad de determinación «posiblemente, de la autonomía directiva de quien está investido para ello». De esta manera señalan a los ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel de Bernardo, así como a los que fueron delegados de Hacienda en aquellos años, cargo en el que repite De Bernardo y aparece posteriormente Espejo. Ellos tenían en sus manos la decisión de tomar en consideración las recomendaciones tanto del interventor como de la tesorera, decidiendo reforzar las medidas que se criticaban. Tampoco se hizo a caso a las peticiones de aumentar el personal o mejorar los medios técnicos.