Ahogadas por la Administración

Hace un par de años se vendió como un gran logro el fin de las llamadas popularmente guarderías para transformarlas en escuelas infantiles. De esta forma, las antiguas migas pasaron de depender de la Consejería de Bienestar Social a la de Educación. En abril del año pasado, la Consejería anunció que en Cádiz habría unas 9.000 plazas públicas y concertadas en 2012. Para conseguirlo, la Junta firmó acuerdos con las entidades privadas, por los que paga el pupitre a 209,16 euros y la plaza de comedor a 79,72 euros al mes. Unos precios muy ajustados, pero los centros infantiles accedieron con el objetivo de asegurarse unos ingresos y así, formar parte del sistema público, que garantiza el acceso de las familias más necesitadas a este servicio. Como última condición, la Consejería de Educación impuso que los centros que ofertaran plazas bajo el convenio público no pudiesen ofrecerlas de forma privada. Y así se hizo. Esto último ha agravado la situación que atraviesan estas empresas privadas porque la Junta no les paga la parte que le subvenciona a las familias desde el mes de julio. Este mes debería haber sido abonado el pasado 10 de septiembre, pero: «aún seguimos esperando», apunta la directora de la guardería gaditana Parvulitos Villa Esther, Alicia Reyes.

Este negocio es uno de los ejemplos que puede ilustrar la angustiosa situación que sufren las gerentes de este servicio público. «Las familias no lo notan porque los niños siguen estando atendidos, por ahora. Pero ya hemos dejado de pagar el comedor y no sabemos hasta cuándo podremos asegurar las nóminas», explica Reyes. Esta directora inauguró su escuela infantil hace apenas un año y medio: «Y no tenemos margen para aguantar mucho».

Fuentes de la Consejería de Educación confirmaron a LA VOZ que esta denuncia es totalmente cierta y que no tienen fecha fijada para el abono. «Tenemos abierta una vía de diálogo, con un compromiso de pago de la Junta, pero no podemos adelantar nada más», explicaron desde Sevilla. Pero esta respuesta no es suficiente para las empresarias que ven peligrar sus centros. «Con un compromiso no pagamos las facturas», responden.

Otra gerente gaditana, Sonia Cabello, del centro Doña Popi, explica que justo al inicio del curso, el 30 de agosto, la Junta abonó el mes de junio. «Lo hicieron para que abriésemos los centros, pero ahora nos dejan otra vez en suspenso». Esta empresaria tiene dos escuelas, ambas afectados por la deuda pública: la de Cádiz, con 41 niños y 8 empleados; y el de Chiclana, con 36 niños y 5 trabajadores.

Las guarderías afectadas se reúnen hoy en Chiclana para decidir qué actuaciones iniciarán, si la Junta no liquida su deuda. «Nos vemos con muy poco margen de maniobra, porque si nos negásemos a prestar el servicio estaríamos incumpliendo nuestro contrato. Pero la Junta sí que lo incumple, y no pasa nada», argumenta Reyes. La directora de Parvulitos explica que según estudios de la propia Junta, frente a los 209 euros que paga la Administración por un pupitre concertado, se estima que el coste de uno público es de 3.000 euros. «Esta diferencia es tan grande porque Educación subcontrata los servicios de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares, lo que nosotras asumimos con el mismo personal», concluyen las afectadas.