La UE da un voto de confianza a España, pero exige más control a las autonomías

Bruselas enviará a sus propios expertos para comprobar si la rectificación al alza del déficit de 2011, desvelada por sorpresa el pasado viernes, es de verdad la definitiva. Pero de momento, y aunque solo sea por no acrecentar una incertidumbre que perjudica a toda la zona euro, ha dado un voto de confianza a España. «No tenemos razones para dudar del Instituto Nacional de Estadística; sus relaciones con Eurostat son excelentes y existe una colaboración y un intercambio de datos muy fluido», dijo el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj.

El último susto propinado por las cuentas españolas ha quedado así, como pretendía el Ejecutivo, parcialmente amortiguado por la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que introduce mecanismos de control más exhaustivos sobre las comunidades y permitirá examinar mes a mes el cumplimiento de los planes de reequilibrio presentados ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«Son pasos en la buena dirección -insistió el representante de la oficina del vicepresidente, Olli Rehn- para aportar más transparencia y una gestión más eficaz que no dé estos golpes a la confianza en la economía española».

Aun así, el número dos de la Comisión, insistió en la necesidad de actuar todavía con más claridad, «tanto en el ámbito del Gobierno central como en el de las autonomías». En poco más de seis meses, España pasó de asegurar que cumpliría con el 6% de déficit comprometido para el año pasado, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero nunca admitió que habría un desfase, a destapar un desajuste del 8,5% atribuible fundamentalmente a las comunidades y, por último, a rectificar esa cifra, remitida a las instituciones europeas junto con un plan de estabilidad para los próximos años, hasta el 8,9%. Ahora el Gobierno insiste en que no habrá más sorpresas.

«En este momento tenemos sobre la mesa todo lo que durante mucho tiempo se había ocultado y eso será valorado por Bruselas», apostó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Hacienda esgrime que fue su plan de pago a proveedores lo que hizo aflorar el déficit oculto de autonomías como Madrid y la Comunidad Valenciana, las principales responsables de este repunte, y en menor medida de Castilla y León, y que ahora todo es transparente.

Ajustes y engaños

«Hay veces que es mejor decir que la verdad es esta, por duro que sea, y a partir de aquí vamos a operar», dijo ayer en esta misma línea Mariano Rajoy desde Chicago. «Operando desde la verdad -insistió- es como se pueden resolver las cosas, sabiendo en dónde nos movemos». Ni el presidente del Gobierno ni los responsables de Economía y Hacienda hicieron, en esta ocasión, amago de minimizar el tamaño del varapalo. Eso quedó para el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, que llegó a decir que la última desviación, atribuible fundamentalmente a gobiernos del PP, es «inferior a un 5% y puede considerase un ajuste». «Ojalá eso fuera lo que nos hubiera dejado el gobierno anterior, pero más del 40% es otra cosa y no es mucho llamarlo engaño», esgrimió.

En el caso de Madrid, en todo caso, el desvío fue, no ya del 40%, sino del 50%. Esperanza Aguirre se escudó en que la primera cifra que ofreció su Gobierno, cuando sacaba pecho por ser la única comunidad que había cumplido objetivos, eran «provisionales», y apuntó con el dedo como responsable del error al departamento de Cristóbal Montoro «que por la razón que fuera los envió a la Unión Europea».

El PSOE quiere que el ministro comparezca en el Congreso para explicar el alcance de la situación, pero parece improbable que el PP acepte.