Para España es necesario, para Andalucía doblemente

La pasada semana el Gobierno hizo lo que se esperaba hace tiempo que hiciera, una devaluación interna, consistente en la subida de la imposición indirecta y la rebaja del coste de las cotizaciones de la Seguridad Social. Devaluación fiscal para ganar en competitividad. Esa es la finalidad inmediata de la medida. Teniendo en cuenta la atonía del mercado interior, la vía de generación de riqueza es la que posibilita el mercado exterior. La reducción de las cotizaciones sociales y la subida del tipo del IVA favorecen las exportaciones y penalizan las importaciones. La menor incorporación de cuotas de Seguridad Social al coste de los productos que se exportan, es acompañada con la mayor tributación por aplicación de mayores tipos del IVA a los productos que se importan. El diseño político-económico es arriesgado, por el coste social que acarrea su puesta en funcionamiento. Pero sin duda, es una opción clara que favorece la competitividad y por ende la creación de empleo.

La única política posible para combatir el paro, es aquella que posibilite el empleo. Algo tan obvio como complicado para entender por muchos. Y como el sector público tiene una sobrecapacidad de personal, lo que exige su redimensionamiento y ajuste a una situación de racionalidad y sostenibilidad, el empleo como bien preciado en el terreno económico, sólo debe ser generado desde las empresas, por supuesto privadas. Éstas se mueven impulsadas por un fin, el beneficio. El Estado tiene la oportunidad y también la obligación de determinar las condiciones legales para crear un marco de confianza que atraiga al empresariado. Sin beneficios empresariales no hay empresa que sobreviva. El tratamiento del beneficio debe ser tan respetuoso como lo es el del salario. No se puede caer en la demagogia en su tratamiento legal, económico y social como el que se le ha dado estos últimos siete años a los mismos desde las instancias gubernamentales. Sin beneficio no hay empresas. Sin empresas, ni hay empleo, ni ahorro, ni inversión. Sin empresas, ni se crece económicamente, ni se sostiene el Estado y los servicios sociales.

La competitividad de las empresas españolas es la cuestión. La situación del concepto a día de hoy, ha mejorado ostensiblemente con respecto a los índices existentes en 2007. Su mejora ha venido por la contención de los costes laborales y los de otros componentes de la producción. Ahora bien, la mejora del índice se ha materializado con los ajustes de personal en las empresas, cuando no su cierre. Dentro de la estructura de costes de las empresas, el de personal es de los que tiene mayor importancia por su volumen. De ahí que el otro concepto determinante a enderezar es el de la productividad. La reforma de la legislación laboral lo tiene como principal finalidad. Los salarios en los mercados competitivos de trabajo, deben ajustarse para que la demanda y oferta de trabajo se equilibren. O dicho de otro modo, el salario debe ser igual al valor del producto marginal del trabajo. Es decir, los salarios deben ser iguales a la productividad. De ahí que los trabajadores más productivos deben ganar más que los menos productivos. La masa salarial impuesta en los convenios colectivos hasta ahora, básicamente sectoriales, equiparaban desde arriba los salarios, como condiciones de máximos impuestas por la normativa colectiva sectorial, sin posibilidad real en la práctica a la negociación individual entre empresario y trabajador de sus particulares condiciones de trabajo, la salarial en este caso, como determinante del nivel de equilibrio que determina la productividad de cada uno y no la de la colectividad; lo que lleva a resultados injustos.

¿Y mientras tanto que hacemos en Andalucía? Ya se pueden imaginar. Se ha impuesto por mor de las urnas la heterodoxia económica, llamada como «la otra forma de hacer política» o «la vía alternativa a la política gubernamental». Los partidos que se han coaligado para formar gobierno y los sindicatos, uno hermano y el otro primo hermano, que apoyan ese pacto sin fisuras, tienen pensado hacer justamente lo contrario de lo que vienen recomendando unas veces y exigiendo otras, la UE, el FMI, la OCDE y una multitud de personas doctas en la materia y que solo pretenden que España encauce de nuevo la senda del crecimiento y volver a ser considerado un país solvente. En lugar de centrar la política de la región en posibilitar incrementos en los índices de productividad de las empresas, haciendo más productivo el factor trabajo, todo hace indicar, que ni lo uno, ni lo otro. Aquí se pagarán los impuestos más altos por su renta, patrimonio y sucesiones. Se exigirán mayores transferencias para los desempleados. Habrá que financiar rentas básicas para todos los andaluces. Se creará otra entidad financiera de carácter público, como si con el IFA e IDEA no hubiesen sido ya bastante. A lo que hay que añadir un elemento de inseguridad jurídica manifiesto, las amenazas del mandamás de la UGT de Andalucía de llevar el conflicto social al ámbito de las empresas que apliquen la normativa laboral vigente. Podíamos seguir, pero haría falta una sobredosis de antidepresivo para poder seguir leyendo.

Curioso verdad. Andalucía territorio objetivo 1 para la UE, es decir, por debajo del umbral del 75% de renta media, es decir, región pobre donde las haya, con niveles de desempleo vergonzosos, sigue siendo la región española con el esfuerzo fiscal más alto del Estado, el peso del sector público en la conformación del PIB es mayor y existe una sobre regulación de la actividad del sector privado que lo hacen penoso. No se saldrá de ésta esperando simplemente la solidaridad del resto de territorios del Estado, ni tampoco exacerbando el déficit hasta extremos insoportables. Precisamente, una vez más hay que resaltar que la solución viene por hacer exactamente lo contrario de lo que se ha hecho los últimos treinta años. O sea, reduciendo la presión fiscal y la regulación de todo tipo. La Junta de Andalucía debiera exigir y el Estado admitir, que los niveles de competitividad que Andalucía requiere, exige un marco regulatorio que posibilite una mayor devaluación fiscal en el seno de la Comunidad que en el resto del Estado. Amén de promover que la estructura de costes de las empresas, certifiquen la productividad del factor trabajo a la realidad existente. Sólo así los empresarios e inversores a lo mejor vuelven a creer en Andalucía. A buen entendedor pocas palabras bastan.