ANTONIO FERNÁNDEZ

Días atrás me recordaba una amiga que, en el siglo XIX, las cárceles se utilizaban para retener a las personas que esperaban una condena. Eso fue evolucionando a lo largo del siglo XX, pasando a ser el lugar en el que una persona ya condenada paga su pena. En la actualidad se supone que se intenta, además, la reeducación y la reinserción social de la persona en cuestión.

Este planteamiento venía, lógicamente, a colación de lo sucedido con el exconsejero y ya también expresidente del Consejo Regulador del Vino, Antonio Fernández. El jerezano ha superado ya la semana en prisión por un asunto delicado, turbio y sobradamente conocido por todos, por lo que no creo necesario extenderme al respecto. Sí pretendo con estas líneas realizar otro planteamiento sobre esta cuestión, referente a la decisión judicial de la jueza de ordenar su ingreso en la cárcel.

Volvamos por tanto al planteamiento inicial. Se supone que la prisión es para los condenados y para unos pocos casos excepcionales. ¿De verdad es lo de Antonio Fernández uno de ellos? En estos momentos, el proceso solo se encuentra en una fase de primera instancia y, por lo tanto, todavía no se ha demostrado su culpabilidad. Se argumenta, eso sí, que existe riesgo de fuga, y uno se pregunta si no se podrían haber articulado otras medidas para evitar la misma.

Se antoja desproporcionado que a una persona que, de momento, únicamente está imputada, se le mande a la cárcel. Sobre todo cuando imputados por delitos también graves se encuentran en estos momentos en la calle. Me refiero a nombres sobradamente conocidos por todos, como Francisco Camps o Carlos Fabra. O Jaume Matas, imputado desde 2008 por un docena de delitos e, incluso, condenado ya a seis años de prisión por el conocido como caso Palma Arena, este último recurrido y a la espera de sentencia firme.

Dicho todo esto, conviene tener también claro que cuando se celebre el juicio, y si en el mismo se demuestra que Antonio Fernández es culpable, el exconsejero deberá pagar por lo que haya hecho. Y hacerlo con todo el peso de la ley. Entonces sí que estará justificada su permanencia en prisión. Y durante mucho años. Puede que acabe sucediendo eso, porque también es cierto que la cosa pinta muy mal para el jerezano. Al menos eso se desprende de numerosos inicios encontrados en lo que llevamos de proceso judicial. Pero, mientras tanto, convendría que circunstancias como la reseñada no hiciesen pensar que en este caso se persiguen igualmente unos fines políticos. Uno quiere seguir pensando que no es así. Porque, en caso contrario, significaría que la esencia de la Justicia está prostituida.