El Gobierno reducirá el sueldo de los funcionarios que estén de baja

El Gobierno de Mariano Rajoy ha colocado al colectivo de empleados públicos en la diana de los recortes planeados para reducir el déficit y lograr la estabilidad presupuestaria. Ahora el objetivo es combatir el absentismo laboral de los funcionarios, y para ello el Ministerio de Economía quiere desincentivar a toda costa las bajas por enfermedad. Y lo quiere hacer de la forma más dolorosa para cualquier trabajador, rebajando el sueldo de todo aquel que deje de trabajar por motivos de salud.

El Programa Nacional de Reformas enviado el viernes a Bruselas junto con el Plan de Estabilidad 2012-2015 prevé para este año 2012 una reforma del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, centrada en una reducción del sueldo de los trabajadores de la Administración durante los primeros noventa días de la baja por incapacidad temporal. Dicha categoría cubre todas las contingencias asociadas a enfermedad o lesión por accidente que impidan el normal desempeño de sus funciones.

El objetivo es, según el plan, «reducir los costes», atacar el «menoscabo de la productividad» provocado por ese absentismo y, al tiempo, reducir la contratación de personal interino. A tales fines, el programa de reformas anuncia también «actividades de control de seguimiento desde el primer día de la baja, con lo que se contribuirá a la reducción del absentismo laboral».

Economía plantea una «modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo». Para ello, introducirá un cambio en el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal, que pasarán de contarse en meses a días. Se establecerá también la imposibilidad de pagar subsidios en caso de resultados de alta o incomparecencia justificada al reconocimiento médico. Para acelerar su consecución, el Gobierno impulsará un acortamiento de los plazos de expedición y entrega a los órganos de personal de los partes de baja por incapacidad temporal en el régimen especial de la Seguridad Social. La meta en ese caso es evitar dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes. Ese programa establece, de forma expresa, la imposibilidad de pagar subsidios en caso de resultados de alta o incomparecencia injustificada del trabajador al reconocimiento médico.

Programas de austeridad

Pero la austeridad no es solo una cruzada estatal. Ayer entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a todas las administraciones a elaborar techos de gasto y consagra como objetivos el equilibrio o el superávit presupuestario y los límites al endeudamiento. Además introduce medidas sancionadoras para las comunidades o ayuntamientos que se desvíen de la senda de consolidación.

La norma faculta al Gobierno central para intervenir en última instancia las finanzas de quienes se salten la austeridad. Poderes que el Ministerio de Hacienda espera ahora que jamás tendrá que utilizar, pues da por hecho que la normativa incorpora mecanismos para obligar a los ejecutivos regionales a cumplir el límite de déficit del 1,5% del PIB fijado este año. Y en ningún caso, subrayan fuentes del departamento, habrá «suspensión» de una autonomía.

El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, también quiso quitar hierro a las amenazas -más o menos veladas- de intervención lanzadas a las comunidades en las últimas semanas. Calcula que, como pronto, podrá intervenir una región en septiembre, y eso si se saltara todas las obligaciones intermedias que establece la ley, como la obligación de constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB, y en diciembre si se cumple ese requisito. Pero antes los territorios pueden solicitar «una ayuda especial» al Estado para cuadrar sus cuentas. Un socorro que la Administración central facilitará si va acompañado de la determinación de volver a la estabilidad.

También acabó el plazo para que las comunidades remitieran a Hacienda los planes de ajuste para corregir el déficit excesivo. Ahora el Gobierno tiene 15 días para dar su visto bueno o rechazarlos. En la próxima reunión del Ministerio con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se sabrá quién aprueba o suspende.

Cataluña ha «corregido mucho y en la buena dirección» su programa, según las fuentes consultadas. El plan del Gobierno balear incluye el cierre de dos hospitales, la ampliación de la jornada de los funcionarios y la suspensión de complementos salariales. Andalucía pretende ahorrar 2.696,8 millones con un acuerdo de no disponibilidad de crédito. Cantabria quiere ajustar 157 millones con el cierre de empresas públicas y el céntimo sanitario. Madrid prevé mejorar su balance mediante subidas del transporte y los recortes anunciados en sanidad y educación.