El caso de los ERE reabre la brecha entre las dos facciones del PSOE

El encarcelamiento del exconsejero de Empleo Antonio Fernández a raíz de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, ha vuelto a aumentar el distanciamiento entre los sectores 'pizarristas' y 'griñanistas' del PSOE de Cádiz. Ayer, el diputado en el Parlamento andaluz por Cádiz y exconsejero de Gobernación, Luis Pizarro, criticó la intervención del abogado de la Junta durante el interrogatorio de la juez Mercedes Alaya, encargada de la investigación, a Antonio Fernández.

En declaraciones a la cadena Ser, Pizarro no ocultó que no le había «gustado» la intervención del letrado representante de la Junta -Ignacio Carrasco López- en relación con las conclusiones que presentó, en las que «no defendió unas políticas que han resuelto muchos problemas con el empleo en Andalucía».

El también ex 'número dos' del PSOE-A durante la etapa de Manuel Chaves en la Secretaría General del partido se pronunció de este modo un día después de figurar como firmante en un manifiesto de cargos orgánicos del PSOE de Cádiz que se solidarizaba con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández tras su ingreso en prisión.

Dicho manifiesto calificaba a Fernández como un «represaliado político» en el marco de «un proceso orquestado por la derecha andaluza con el aval del PP y de un sindicato ultraderechista» para «tratar de hacer de las tropelías y los desmanes del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer una causa general sobre la gestión de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán».

Por su parte, el consejero de Gobernación y Justicia en funciones, Francisco Menacho, respondió a Pizarro , también en declaraciones a la cadena Ser, y dijo que la representación legal de la Junta en el caso ERE ha actuado en todo momento guiada por «criterios técnicos» y en ningún caso por «argumentos políticos».

Pese a ello, también añadió que cree en la inocencia de Antonio Fernández y considera que la decisión de la jueza Alaya «es desproporcionada» porque no se cumplen con los supuestos que ha redactado en el auto. A juicio de Menacho, no hay riesgo de fuga, ya que Fernández lleva un año como imputado y no se ha dado este caso. Tampoco hay riesgo de obstrucción a la justicia, porque desde el primer momento ha mostrado su colaboración.

Las declaraciones de Pizarro y Menacho reabren de nuevo la vieja guerra que mantienen pizarristas y griñanistas.

El apoyo del Gobierno

Una de las primeras personas que se pronunció sobre la orden de prisión del exconsejero fue la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, quien aseguró que la Junta acoge con «pesadumbre» la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye el caso sobre las irregularidades detectadas en ERE tramitados por la Junta, de decretar el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo, quien sigue manteniendo la «presunción de inocencia». Moreno indicó que la Junta, parte acusadora en el caso, no considera «necesario» el ingreso en prisión de Fernández como medida cautelar y defendió que hubiera sido «suficiente con una fianza para hipotéticas responsabilidades civiles y la comparecencia periódica en los tribunales».