El Gobierno recurre al Constitucional las oposiciones de profesores

El Consejo de Ministros aprobó ayer recurrir al Tribunal Constitucional la convocatoria de la oferta pública de 2.389 plazas de profesores de Secundaria de la Junta de Andalucía por contravenir la limitación impuesta por el decreto ley de diciembre del Gobierno para cubrir vacantes. Con la admisión a trámite del Constitucional, las oposiciones quedarán suspendidas hasta que no delibere sobre ello.

El real decreto del 30 de diciembre, aprobado para ahorrar gasto público y cumplir con el déficit, prohíbe la incorporación de nuevo personal salvo en servicios básicos. Pero en estos, como el caso del sector educativo, fija que solo se podrá sustituir una de cada diez plazas de jubilados (10%). Según un informe del Consejo Consultivo, la convocatoria de la Junta establece una tasa de reposición del 30% de los efectivos, lo que contraviene la ley.

La Consejería de Educación trató de convencer al Gobierno hace dos meses de que las oposiciones andaluzas no sobrepasan la tasa permitida: Dos terceras partes de la convocatoria -1.755 plazas - son para sustituir a interinos anteriores a 2005, en aplicación del Estatuto Básico de la Función Pública. En el decreto del Gobierno, este apartado entra en las excepciones sobre oferta de empleo público. Una tercera parte se ha cogido de la tasa de reposición, la de las bajas por jubilación. En total, 637 plazas, un 20% de los jubilados que hay.

La Junta dice que la convocatoria andaluza es anterior al decreto del Gobierno, ya que se aprobó el 27 de diciembre, aunque se publicó el 13 de febrero de este año. La anterior orden del Gobierno de Zapatero contemplaba un límite del 30% de reposición. Por tanto sostiene que se ajusta a la legalidad. El Gobierno central no opina lo mismo. Según Moncloa, el decreto de diciembre tiene efectos para 2012 y aunque la convocatoria se aprobara antes de enero, «debe ajustarse al nuevo marco».

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, trató de persuadir a la Junta de que pospusiera las oposiciones, lo mismo que han hecho otras comunidades, la mayoría gobernadas por el PP. Andalucía, lo mismo que Madrid, País Vasco y Cantabria, desobedecieron.

Este es el tercer recurso del Gobierno de Rajoy al Constitucional contra decisiones de la Junta de Andalucía. Rajoy ha recurrido la reforma de la Ley Electoral que declara incompatibles los cargos de alcalde y diputado. También la subasta de principios activos de medicamentos para ahorrar 200 millones de euros. En todos los casos el mero hecho del recurso implica la suspensión de las normas andaluzas. En el de los profesores, los perjudicados son los opositores.