Los dueños de casas ilegales tendrán créditos sin intereses para urbanizar

Los propietarios de viviendas ilegales podrán acceder a préstamos a un 0% de interés para afrontar los gastos de urbanización. El proceso para regularizar las 5.173 casas que salpican el extrarradio del término municipal de El Puerto en suelo no urbanizable ya ha comenzado y el Ayuntamiento espera que las calles de asfalto comiencen a sustituir a los caminos de tierra desde el primer trimestre de 2013. Hasta entonces será el turno de los trámites burocráticos y no se abrirán más expedientes sancionadores ni habrá más multas coercitivas.

El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto, aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía hace un mes, ha abierto la puerta a la regularización de los diseminados de viviendas, conocidos como Emas en El Puerto. Alrededor de cinco millones de metros de suelo no urbanizable han pasado a ser urbano o urbano no consolidado y el área de Urbanismo ya se ha puesto manos a la obra con el objeto terminar con el fenómeno de las construcciones ilegales. Todo el proceso estará reglado por una ordenanza municipal que será aprobada en julio. El concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, considera que hasta diciembre habrá margen suficiente para que los propietarios de diseminados realicen los trámites administrativos. De este modo, en los primeros meses de 2013 podría comenzar ya las primeras ejecuciones de obras para canalizaciones y viales. «Desde el próximo uno de enero podremos disponer de una foto fija del interés y la colaboración de cada Ema y se podrán realizar las primeras inversiones».

El alcalde, Enrique Moresco, aseguró que las líneas maestras de esta ordenanza estarán listas a finales de este mes y serán trasladadas tanto a los grupos políticos del Ayuntamiento como a las federaciones de asociaciones de propietarios de diseminados irregulares de viviendas a fin de que realicen sus aportaciones. «Queremos que la ordenanza sea fruto de la máxima participación y que dentro de la complejidad, el camino sea lo más sencillo posible y lo más viable económicamente».

La regularización de cada Ema se canalizará desde el ámbito individual, con obligaciones individuales y colectivas. Las primeras supondrán la cesión del 10% de los aprovechamientos y la aportación de suelo para sistemas generales que se traducirán en equipamientos y zonas verdes. Y las segundas la redacción de los instrumentos de planeamiento: plan especial o estudio de detalle, reparcelación y reurbanización, que se hará de forma faseada. Esto tendrá que hacerse mediante una junta de compensación en la que todos aporten la cuantía proporcional al tamaño de su propiedad. «Para llevar esto del papel a la realidad hemos establecido mecanismos de flexibilización, porque queremos que nuestro modelo de ciudad no se quede en un papel». Así, los propietarios podrán acceder a préstamos con un 0% de interés que el área de Urbanismo negocia ya con varias entidades bancarias. También se establecerá una bonificación sobre el valor de los aprovechamientos y el Ayuntamiento será flexible con las juntas de compensación en lo concerniente al diseño de los viales, aparcamientos y puntos limpios de recogida de residuos.

Esta organización de la regularización enlaza con las autorizaciones provisionales de suministros de luz y agua que el Ayuntamiento irá dispensando conforme los propietarios asuman sus compromisos personales y se aprueben las obligaciones colectivas.

Las multas, en suspenso

Otro asunto importante, la imposición de multas coercitivas, quedó suspendida desde la aprobación del PGOU a raíz del cambio en la calificación de suelo. En cuanto a los expedientes sancionadores que ya están abiertos, Urbanismo estudia cómo atenuar sus efectos, para lo que escucharán las aportaciones de las federaciones de Emas. Moresco insistió en que todos los pasos estarán ajustados a la legalidad con la inscripción registral de los beneficios y cargas del proceso.

Los responsables municipales ya han mantenido reuniones con las 47 áreas de regularización, y ayer hizo lo propio las Emas pendientes del PGOU de 1992. También ha habido encuentros con las federaciones de propietarios y de forma inminente se celebrará un Consejo de Distrito de Periferia.

Con respecto a las áreas que no entran en este proceso de regularización, como el Poblado de la Sierra de San Cristóbal o las Emas del corredor verde, el Gobierno local espera acogerse al decreto de la Junta de Andalucía, que por otro lado no aceptó su propuesta de desplazamiento del corredor dentro del Plan de Ordenación de la Bahía.