Piden nueve años y medio de cárcel a un promotor por vender dos casas ilegales

La Fiscalía solicita nueve años y medio de prisión para Salvador B. R, un promotor de Chiclana al que se acusa de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsedad y dos de estafa por construir y vender dos viviendas ilegales en el Pago Melilla, haciéndolas pasar por legales a través de un informe de obra nueva falsificado.

El juicio tuvo lugar ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz y, además de Salvador B. R, se sentó en el banquillo Alberto M. S, el aparejador que supuestamente firmó el certificado de nueva construcción falso. Según el fiscal, Alberto M. S. certificó en el documento que las viviendas -construidas en 2002-, eran de al menos, de 1995, para simular que la infracción urbanística había prescrito. En el escrito provisional del Ministerio Público se solicitaba para Alberto una multa de 2.700 euros, pero el fiscal aclaró antes del juicio que se trataba de un error, y amplió la pena solicitada a un año y medio para el aparejador. Para Salvador B. R, en cambio, redujo la pena solicitada que en un principio era de algo más de once años.

El abogado del promotor reconoce los delitos urbanísticos, pero no la estafa y pide para su cliente una pena de solo un año de cárcel, además de las multas correspondientes.

Según el Ministerio Público Salvador B. R. compró una parcela en el Pago Melilla de Chiclana en 2001, con una extensión de 1.000 metros cuadrados, sin vallar y sobre todo, sin ninguna edificación en ella. Un año después, aunque sabía supuestamente que el suelo era no urbanizable, construyó en la finca dos unifamiliares de 95 metros cuadrados cada uno. El Ayuntamiento chiclanero abrió un expediente contra ellos por no contar con licencia de obra. La construcción, sin embargo, fue terminada y las casas se escrituraron en diciembre de 2002 con el certificado supuestamente falso firmado por Alberto M. S.

Meses después, en abril de 2003, Salvador vendió los dos chalés a terceros que compraron las casas, según ellos, sin saber que eran ilegales y que pesaba un expediente municipal sobre ellos. Ayer, algunos de estos compradores, que están personados como acusaciones particulares, testificaron ante el tribunal y explicaron que ni el promotor ni los agentes inmobiliarios que les vendieron las casas les informaron de las irregularidades y las cargas urbanísticas que tenían. La Fiscalía ha solicitado al tribunal que el promotor devuelva a los compradores 249.419 euros, y que se tiren las casas. El banco Santander, personado también en la causa, se opone a esto último.