La subasta de fármacos suma otro desencuentro entre Junta y Gobierno

El Gobierno ha pedido a la Junta de Andalucía que suspenda el decreto de la subasta de medicamentos genéricos puesta en marcha en enero hasta que no se esclarezcan las «dudas específicas» sobre su constitucionalidad al poder invadir competencias del Estado. El Ejecutivo de Rajoy ofrece una vía de diálogo para evitar ir al Constitucional, pero después de la suspensión del decreto. La Junta ha respondido inmediatamente que piensa seguir adelante con el concurso público, que ayer cerraba el plazo de presentación de solicitudes, ya que, en caso contrario, perjudicaría a terceros.

La polémica suma otro nuevo encontronazo entre Junta y Gobierno, alimentado con bronca política por la cercanía de las elecciones. Los tres candidatos principales, Griñán, Arenas y Valderas, terciaron en el asunto. El presidente de la Junta considera un «error» que se amenace con impugnar el decreto. Javier Arenas defiende al Gobierno y pide diálogo. Valderas critica que se recurra para «beneficiar a los poderosos», en referencia a distribuidores y farmacéuticos.

El objeto de la pelea es el decreto ley de Medidas Urgentes Farmacéuticas, aprobado en diciembre, que ha permitido la primera subasta en España de medicamentos por principio activo para ser dispensados en farmacias. El objetivo es ahorrar de 40 a 200 millones de euros en gasto farmacéutico, que supone el 22% del sanitario.

El decreto, aprobado por PSOE e IU con la abstención del PP, se puso en marcha en enero con la convocatoria pública de los primeros fármacos. Se trata de los más consumidos: los protectores gástricos (que suponen un gasto de 97,5 millones de euros anuales); las estatinas para reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores para la prevención de coágulos, infartos e ictus (41 millones).

Puja de laboratorios

El procedimiento es que varios laboratorios pujen por un precio igual o inferior al establecido por el Ministerio de Sanidad para un principio activo. Hasta ahora, cuando el usuario va a una farmacia con la receta de un genérico puede elegir entre varias marcas con los precios establecidos. Con la norma andaluza, el boticario deberá expender la marca ganadora de la subasta.

La adjudicación a una marca a gran escala permitirá a la Administración beneficios, ya que la adquisición de envases para ocho millones de usuarios conllevará bonificaciones del laboratorio que repercutirán en las arcas públicas y en el sistema sanitario. La medida no afecta al margen de ganancias de las farmacias, pero estas dejarán de percibir las citadas bonificaciones por la compra al por mayor.

El Consejo Andaluz de Farmacéuticos y la patronal del sector, Farmaindustria, recurrieron la medida y pidieron al Gobierno que lo demande al Constitucional. El sector entiende que vulnera las leyes estatales como la que fija el precio de los medicamentos y su financiación y también la libre competencia, ya que puede dejar fuera a los laboratorios pequeños sin capacidad para pujar.

El aviso del Gobierno a la Junta se hizo a través de una carta de la secretaria de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, a instancias del Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato. Lo que quiere este departamento es negociar con la Junta, pero pide como condición que se paralice el decreto a través del SAS. Fuentes del Ministerio dijeron a Europa Press que su intención es que todas las adquisiciones de las comunidades se hagan a través de una central de compras.

La Junta está dispuesta al diálogo, pero no va aceptar «chantajes», según la expresión utilizada por la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien afirmó que el concurso sigue adelante. «No vamos a tener en cuenta el requisito que nos piden, que es dejar sin efecto la resolución del BOJA a través del SAS», dijo Montero.