Piden seis años para un chiclanero acusado de estafa por vender un chalé ilegal

La construcción desenfrenada y la falsificación de certificados para hacer pasar por legales viviendas irregulares, se convirtieron a principios del presente siglo en una práctica habitual en la costa gaditana, desde Chiclana hasta El Puerto. «Era la forma corrupta de vivir en aquellos años», dijo ayer el fiscal Javier Gilabert en el enésimo juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz por uno de estos casos, conocidos ya como de 'obra nueva'.

En esta ocasión, la Sección Primera juzgó a un promotor de Chiclana, Raúl R. M, que según la Fiscalía construyó dos viviendas ilegales en el Pago del Humo, en un terreno en el que estaba prohibida la construcción. Además falsificó supuestamente el certificado de obra nueva a través del arquitecto Joaquín Palli Selga, y después, vendió uno de los inmuebles a una pareja joven (de unos 23 años), procedente de Barcelona, que pagó 72.000 euros por la casa. Según el Ministerio Público y la acusación particular, Raúl R. M. ocultó a los compradores que la casa era ilegal y que tenía abierto un expediente de demolición en el Ayuntamiento chiclanero, por lo que le acusan de un delito de estafa.

La Fiscalía tenía previsto pedir para el acusado una pena de cuatro años de prisión, pero ayer, en sus conclusiones finales, decidió elevar la pena hasta seis años de cárcel al considerar que la estafa era «especialmente agravada».

Con todo, Raúl R. M. no está acusado ni del delito contra la ordenación del territorio (por la construcción ilegal) ni el de falsedad documental (por el certificado falso de obra nueva). Tampoco Joaquín Palli Selga tuvo que sentarse en el banquillo ayer, ya que un juez dio carpetazo al caso y archivó los cargos al considerar que ambos delitos habían prescrito, pues han pasado once años desde que supuestamente se cometieron: en abril de 2001.

No fue hasta varios años después, en 2007, cuando la Guardia Civil destapó este tipo de corrupción urbanística en la denominada 'operación Obra Nueva', que le dio nombre a los casos: el engaño consistía en hacer pasar las casas irregulares por construcciones de más de cinco años, el tiempo máximo en los que la irregularidad prescribe. De esta manera, viviendas recién construidas podían registrarse y escriturarse como legales.

Ayer, la defensa de Raúl R. M. solicitó la libre absolución de su cliente, y sostuvo que la pareja compradora fue plenamente consciente de que la vivienda era ilegal cuando la compró. Según el abogado defensor, la joven que buscó la casa y firmó todos los papeles de la compraventa, acudió al Ayuntamiento de Chiclana a informarse de las condiciones de la vivienda y recibió una nota simple de manos de los vendedores, de manera que no puede sentirse engañada. Además, Raúl R. M. se defendió diciendo que nunca supo que la casa tenía incoado un expediente de demolición en el Consistorio, porque (según él) nunca recibió la notificación en su casa. No obstante, el fiscal le recordó que el acusado había admitido en su día estar al tanto de la orden municipal.

El abogado de la pareja, además, le reprochó que al «ser una persona que se venía dedicando al negocio inmobiliario», «sabía perfectamente qué requisitos hacían falta para construir una casa» y sus consecuencias. Y además de los seis años de prisión, solicitó que la pareja supuestamente estafada sea indemnizada con 60.000 euros por los daños morales, ya que la compradora tuvo incluso que marcharse de la casa porque psicológicamente «no podía continuar viviendo en ella».