Rajoy y Rubalcaba se acusan de mentirosos

El Gobierno comprobó ayer que el período de oposición difusa que disfruta desde diciembre por la inexistencia de un líder en el PSOE tras la debacle electoral ha tocado a su fin. El primer pleno de control al Gobierno en el Congreso dejó claro que Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha cambiado el traje de portavoz interino por el de jefe de la oposición y que sus diputados han interiorizado la orden de empezar a apretar las tuercas a los miembros del Ejecutivo.

El nuevo secretario general socialista y Mariano Rajoy consumieron el primer cara a cara de los miércoles entre acusaciones cruzadas de haber engañado a los españoles. Rubalcaba aseguró que el presidente mintió durante la campaña electoral y la investidura porque ya entonces tenía en mente aprobar la subida de impuestos que negaba en público. El jefe del Ejecutivo le advirtió de que no siga por ese camino en futuras confrontaciones parlamentarias porque no está dispuesto a admitir «lecciones» de quien fue el número dos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, «que nos dejó las cosas como están».

Rubalcaba señaló que un presidente que «hace lo contrario de lo que dijo que pensaba hacer» no genera confianza y le recomendó, sarcástico, «tenga cuidado con los micrófonos, no sea que los españoles empiecen a pensar que usted solo es sincero cuando cree que no le escuchan». Se refería al comentario grabado en Bruselas, en el que decía al primer ministro finlandés que la reforma laboral iba a costarle una huelga general.

Rajoy, con idéntica ironía, alabó la «gran altura» de la primera intervención del jefe de la oposición porque «dará mucha confianza a los españoles», y se alegró de que, «por fortuna», ya no tenga responsabilidades en un gabinete que engañó a los ciudadanos «hasta el último minuto», al ocultar los dos puntos de desviación del déficit. Ese desfase, dijo, es el que ha obligado a subir los impuestos contra su voluntad.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el hasta hoy portavoz socialista, José Antonio Alonso, transitaron idéntico camino. Alonso echó en cara a la número dos del Ejecutivo que el Gobierno vive un constante desajuste, con declaraciones contradictorias sobre el déficit, la deuda autonómica, la reforma laboral o el matrimonio homosexual. «Coordine, por favor», le recomendó.

Coordinación

Sáenz de Santamaría contestó que es «insólito» que quien restriegue tales errores sea Alonso, uno de los puntales del Gobierno que dejó como herencia cinco millones de parados. «Este Gobierno descoordinado ha hecho en siete semanas más de lo que el suyo se atrevió a hacer en siete años», aseguró antes de recordar que han recortado 9.000 millones para «arreglar» su legado y han limitado el sueldo a los banqueros, «lo que dijeron que iban a hacer y no hicieron».

Fueron los segundos espadas los que abrieron la polémica que momentos después iba a centrar buena parte de los ataques socialistas al ministro de Justicia, la legalidad o no del matrimonio homosexual. Alonso reclamó que si Alberto Ruiz-Gallardón piensa que esta norma es legal, como admitió el martes, el Gobierno del PP, «por coherencia», debería retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta achacó «desconocimiento» a un juez como Alonso y señaló que el recurso lo pusieron 50 diputados del PP de la pasada legislatura, por lo que ni el Ejecutivo ni el partido pueden retirarlo y es una decisión que solo incumbe a ese grupo de exparlamentarios. Gallardón completó el tema al decir que, más allá de su opinión personal, como ministro piensa como todo el Gobierno, que se tomará una decisión cuando se pronuncie el Constitucional.

Los socialistas acusaron al ministro de preparar un reforma «reaccionaria» de la ley del aborto, que volverá abrir la puerta a las operaciones clandestinas y el banquillo a mujeres y sanitarios. Gallardón garantizó que «ninguna mujer entrará en la cárcel con la ley que hará el PP».