La Ley Sinde pasa al PP

El Consejo de Ministros declinó ayer en el último momento, y al parecer después de una agria discusión entre los miembros del gabinete, aprobar el reglamento de la llamada Ley Sinde, con lo que queda en el aire la gran herramienta, consensuada inicialmente por los principales grupos políticos, para defender los derechos de autor en Internet. La llamada Ley Sinde fue aprobada en febrero como parte de la ley de Economía Sostenible, y acaba de recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado, un trámite necesario para que el Ministerio de Cultura pudiera proponer la aprobación por decreto del Reglamento al Consejo de Ministros. Grupos de internautas ya se habían movilizado en la red contra esta regulación, que suscita fuerte controversia, y al parecer ha primado la tesis, sostenida en el seno del gabinete, de que este Gobierno haría un grave daño al partido socialista si dejase como últimos y polémicos legados el indulto a Sáenz y esta norma que tanta inquina suscita, aunque el sector más responsable de la opinión pública no puede negarse a que se protejan los derechos de los creadores, actualmente vulnerados de forma sistemática en la red, hasta el punto de que hoy peligra la supervivencia de las industrias culturales. En honor a la verdad, hay que decir que, cuando el Gobierno en funciones, al anunciar el Reglamento, aclaró que había sido negociado con el PP, este partido mostró gran frialdad, como si se limitara a condescender con una propuesta que no le agradaba del todo. Ahora tendrá ocasión el Ejecutivo de Rajoy de imponer sus propios criterios, lo que no le librará seguramente de las críticas de quienes preferirían que Internet siguiera siendo una jungla. En el fondo, esta nueva claudicación, que ha sido acogida con alborozo por sectores sociales poco responsables, es un fracaso colectivo, ya que se está poniendo en riesgo la creatividad artística de este país y el derecho de los creadores a vivir de su trabajo. Por ello mismo, si ya parece difícil que el Gobierno en funciones apruebe el reglamento en su último Consejo de Ministros, el 16, el nuevo Gobierno popular deberá abordar este asunto con urgencia. Aunque no esté en el catálogo de prioridades que imponen la gravísima crisis económica y el insoportable desempleo.