El Ayuntamiento considera inviable la realización de la auditoría

Apenas quedan cinco meses para que se cumplan tres años desde el supuesto robo de 7.8 millones de las arcas municipales y todavía siguen sin aclararse las cuentas del Ayuntamiento. El problema es que no hay previsión de que esto se pueda producir ni a corto ni a largo plazo. El delegado de Economía y Hacienda, Manuel Carlos Raposo, aseguró que ahora mismo es «inviable» la puesta en marcha de una auditoría al faltar carácter jurídico a la hora de poner en marchas las iniciativas planteadas por la oposición, como la contratación de una empresa externa que estudie los números y cantidades tanto del Consistorio como de sus organismos autónomos.

Esto no quiere decir que no se hayan realizado varios intentos para intentar sacar adelante la propuesta, pero por el momento no ha habido éxito. Ni interés de la Cámara de Cuentas por ampliar el informe ni tampoco se ha metido de lleno el Tribunal de Cuentas por el momento. De hecho, existe un escrito de fecha entrada en registro el día 21 de octubre de 2011, remitido por la Dirección General de la Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en la que la Administración autonómica manifiesta textualmente que no está facultada para comisionar a funcionarios de habilitación de carácter estatal, de forma específica para la asistencia a auditorías internas en las corporaciones locales.

Otro de los intentos que no ha servido para aclarar el estado de las cuentas, pues hay que recordar que desde la Junta ya se expuso la imposibilidad de que una empresa externa de manera oficial audite las cuentas. La propia Junta de Andalucía había remitido un informe jurídico en el que se aconsejaba la realización de una auditoría interna, y se cuestionaba la posibilidad de una auditoría realizada por una persona externa. Es decir que se tiene que encargar de realizarla el persona de Tesorería, el mismo que ya realizó un informe en el que expuso que Clemente Ruiz, principal imputado en la causa, era el único responsable de lo que había ocurrido en la Delegación de Economía.

Sin medios suficientes

De hecho es el interventor el encargado de fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento y su principal responsable, pero su estudio realizado es el que se ha utilizado en la denuncia que el Consistorio interpuso ante el excajero municipal.

Además, se tendría que hacer sin contar con los medios suficientes y sin que la Junta realice ningún tipo de esfuerzo para que se aclaren de una vez las cuentas tras el desfalco. Pero la oposición no se da por vencida y sigue insistiendo en la búsqueda de cauces que clarifiquen de una vez por todas la situación financiera real de las arcas municipales y los errores que se han cometido en la fiscalización del dinero público.

Incluso se plantea la posibilidad de contratar una empresa externa que realice este trabajo a pesar de no tener validez jurídica, pero sí como instrumento de información para el Consistorio, del cual se puede valer para dar a conocer sus cuentas y luego realizar investigaciones más pertinentes en el caso de que se detecten irregularidades.