El TSJA paraliza la integración de 1.500 empleados en el SAE

La Junta de Andalucía ha recibido otro revés judicial más a su reforma del sector público. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de forma cautelar la integración de los trabajadores en el Servicio Andaluz de Empleo provenientes de las extintas Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de los consorcios Utedlt. Fuentes de la Consejería de Hacienda confirmaron que son al menos 1.500 los afectados.

El fallo recoge los mismos argumentos que el que suspendió el pasado 2 de noviembre la integración del personal del extinto Instituto Andaluz de las Artes y Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Es decir, entiende que «no se respetan los principios rectores de acceso al empleo público». También que la integración «supone más que una huida del derecho administrativo, un desprecio al Estado de Derecho».

La resolución cautelar del TSJA se produce tras haberse admitido a trámite un recurso presentado por la Asociación Al Andalus de empleados públicos y otras asociaciones contra la Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta y los estatutos de las ocho agencias que aglutinan 114 entes instrumentales (empresas y fundaciones).

Reestructuración

La reestructuración, culminada el pasado abril, implicó cambios en el organigrama de cinco consejerías, suprimió 166 cargos públicos y pretendía ahorrar 3 millones de euros anuales en salarios. Pero la reforma no contó en ningún momento con el respaldo de los sindicatos de funcionarios (sí con los de UGT y CC OO), que recurrieron a los tribunales tanto los estatutos de cada una de las agencias como la propia ley.

El meollo de la polémica está en la consideración de empleado público de los trabajadores de las antiguas empresas que se integran en las agencias, la mayoría bajo régimen mixto (público y privado), salvo la del SAE que sólo es público.

Los sindicatos y asociaciones de funcionarios entienden que la integración, en este caso de los empleados de la Faffe y Utedl, no respeta «los principios de igualdad, mérito y capacidad» que se exige para ser considerado empleado público. Pese a que la ley deja claro que los empleados no modifican su actual situación laboral y no pasan a considerarse funcionarios o laborales de la administración general, los sindicatos entienden que asumen los mismos derechos. El fallo del TSJA parece darles la razón, ya que considera haber tenido en cuenta que se han eludido los principios de igualdad, mérito y capacidad y «por consiguiente la vulneración de un artículo de la Constitución».

La Junta de Andalucía estudia las medidas que va a tomar y como afrontar su defensa en los tribunales de su reforma, que probablemente acabe en el Supremo. Por lo pronto, fuentes de la Consejería de Hacienda indicaron que la resolución no implica que el lunes no puedan acudir a su puesto los empleados, ya que les ampara el Estatuto de los Trabajadores.