La Plataforma suspende sus recursos contra las ordenanzas

La Plataforma de Afectados por la Regularización ha anunciado la suspensión de los contenciosos interpuestos contra las ordenanzas en vigor ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Este anuncio se produce, según un comunicado firmado por el coordinador de este colectivo, Joaquín González, «después de varias reuniones celebradas durante el mes de octubre con la Gerencia Municipal de Urbanismo».

La Plataforma, que está siendo muy criticada por una presunta falta de representatividad por parte de otros colectivos vinculados a la edificación irregular en el municipio, explica que «a pesar de lo que muchos malinforman, el planeamiento declarado ilegal continua en vigor y por ende la Ordenanzas de Regularización aprobadas en su día». Para esta entidad la aceptación de las condiciones impuestas en su día en un protocolo compuesto por varias medidas «consiguen ya en estimaciones de técnicos hasta una rebaja de un 50% de las cantidades plasmadas inicialmente en el proceso de legalización, lo que demuestran que técnicamente son posibles». Desde la Plataforma se agradece la colaboración y el «buen ambiente de entendimiento» por parte de la GMU comandada tanto por el anterior gobierno local como por el actual.

Sin embargo, González explica que «no bajaremos la guardia, hasta el cálculo definitivo de costes y hasta conseguir una regularización directa incluso sin necesidad de ordenanzas», asegura.

La Plataforma de Afectados, que inició su andadura hace algo más de un año, ha solicitado una reunión con la delegada provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Silvia López, para recabar información sobre la situación actual del convenio firmado con el Ayuntamiento y los plazos previstos para la inversión de los 33 millones de euros que quedan pendientes de invertir en la dotación de servicios generales de agua en las urbanizaciones de El Marquesado y Pago del Humo.Ese dinero, procedentes de los fondos de cohesión europeos, ya tuvieron su repercusión en zonas como Rana Verde, donde se han invertido más de quince millones de euros en total en los últimos meses para dotar de red de pluviales y alcantarillado a más de 10.000 viviendas.

La aparición de este comunicado de la Plataforma anunciando la retirada de los recursos no deja de sorprender. En los últimos meses, tanto previos a las elecciones municipales de mayo como después, la sintonía entre esta organización que logró sacar a la calle en sendas manifestaciones a varios miles de chiclaneros y el equipo de gobierno, está siendo más que evidente.

No obstante, hay que recordar que el famoso decálogo de medidas de ese protocolo fue aceptado por todos los partidos que concurrieron a los comicios locales. En el se recogían, por ejemplo, la rebaja de la parcela mínima para poder ser legalizada o la asunción de «costes más asequibles». Hace apenas unos días, el edil de Urbanismo, Andrés Núñez, sacaba pecho y anunciaba que desde la llegada a la Alcaldía de Marín y el PP, los técnicos de la GMU han tramitado 44 licencias de obra en suelo urbano no consolidado de las Áreas de Gestión Básica.

Según explicó el Consistorio, estos trámites sirvieron para que casi una decena de viviendas pudiera contar con suministro eléctrico. En la actualidad Chiclana cuenta censadas oficialmente por la Junta de Andalucía con algo más de 15.000 casas ilegales. Pero lo cierto es que todo el mundo sabe que éstas son muchas más.

Aunque la actividad constructora al margen de la ley se ha frenado enormemente, aún es posible contemplar edificaciones sin permiso que se culminan y otras que nacen sin control alguno.