Cae la trama de A Pobra, tres meses después de que Industria destapara el pufo

Hace ya tres meses que el Ministerio de Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado que no tenía noticias de los proyectos para los que había concedido una inversión de 14,5 millones de euros. Se trataba de las ayudas públicas recibidas por Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales, dentro del Plan Bahía Competitiva para reactivar la industrialización de la zona, tras el fracaso de Delphi.

Una vez superado el primer momento de asombro, este periódico pudo comprobar que los empresarios cuestionados procedían de la misma zona, todos vinculados al municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal. Sobre todo, Dávila Ouviño, natural del municipio. En este pueblo de unos 10.000 habitantes muchos conocían a Manuel Alejandro Dávila Ouviño. De hecho los vecinos denunciaban que lo veían pasear tranquilamente por la población, aún conociéndose ya la investigación por fraude.

En su pueblo natal, de hecho, cuentan mucho de él: tiene unos cuarenta años, dos hijos pequeños y está casado con una vecina del pueblo cuyo padre se dedicó a cultivar mejillones. En su pueblo natal, quiso montar, de hecho, una empresa innovadora parecida a las que trajo bajo el brazo a Cádiz, «para investigar las algas marinas con pequeños submarinos», según apuntaron fuentes cercanas al consistorio pobrense, a cuya puerta llamó Ouviño. Sin embargo, el alcalde, Isaac Macías, desconfió de él. Justo lo contrario que le pasó al gerente de Bahía Competitiva, Antonio Perales, quien confió en los proyectos de «un joven emprendedor que venía respaldado por fondos de inversión europeos», como apuntó en aquellos momentos.

El coladero que dio cabida a esta trama empresarial hay que buscarlo en la eliminación de los avales que siempre se pidieron para las industrialización de la Bahía. Este último Plan de Reindustrialización, para salvar el empleo en Cádiz, abría la puerta a emprendedores sin avales, todo propiciado por las críticas sociales y políticas respecto a que estas garantías solo daban posibilidad a las grandes multinacionales, sin que hubiese cabida para nuevos emprendedores.

Una prueba de lo chapuceros que eran los proyectos de Ouviño aprobados por Bahía Competitiva es que las direcciones fiscales llevaban todas al número 65 del Paseo Pradillo de Zahara de los Atunes, donde se encuentra un restaurante que nada tiene que ver con los negocios investigados. Nadie comprobó este trámite tan sencillo.

En febrero de 2011, sin embargo, saltaron las alarmas en la Agencia Idea, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación e Industria, «ante la extrañeza de ciertas operaciones» de Ouviño, ante la falsificación de un aval bancario. Así lo explicaba el pasado mes de septiembre el consejero de Economía, Antonio Ávila, en una comparecencia en el Parlamento andaluz que estuvo centrada en el Plan Bahía Competitiva, cuando el escándalo ya ocupaba los titulares de la prensa.

El consejero explicó que las sospechas «se confirmaron» a mediados de marzo y a comienzos de abril se denunció el supuesto fraude ante la Fiscalía y la Comisión de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Sin embargo, durante meses, nadie fue capaz de localizar a Ouviño para reclamarle los 14,5 millones, a pesar de que nunca se movió de su pueblo, de O Pobre, donde ahora ha caído la trama que supuestamente dirigía.