La Junta peleará en el Supremo por su reforma del sector público empresarial

La Junta deberá pelear en el Tribunal Supremo por su reforma del sector público empresarial. A esto la he llevado la guerra de los funcionarios y empleados laborales de la administración autonómica contra la ley de Reordenación tras ganar estos una de sus primeras batallas importantes en los tribunales. Se trata de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) anulando parte del decreto por que el se aprobó el traspaso de personal de la empresa pública Instituto Andaluz de las Artes y de las Letras a la Agencia de Instituciones Culturales, bajo régimen privado y público. En total 534 trabajadores.

El Gobierno andaluz informó ayer de que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo, pero en su seno se teme de que el fallo sea al primero de un efecto dominó de sentencias desfavorables a la Junta. Hay medio centenar de recursos contra la ley y los decretos de constitución de las agencias aguardando en los tribunales de lo contencioso.

Todo parte de la polémica reforma emprendida hace un año como medida de austeridad para cumplir con el déficit y que supuso la supresión de 111 entes públicos y su conversión en una decena de agencias públicas de régimen mixto y en otra de carácter público, la Agencia Andaluza de Empleo.

En pie de guerra

La reordenación puso en pie de guerra a los funcionarios y laborales de la Junta al entender que era una forma camuflada de hacer pasar como empleados públicos a 24.000 trabajadores de las empresas o de la llamada administración paralela. Aunque la nueva ley es explícita en cuanto a que ningún trabajador podrá pasar a ser funcionario sin la preceptiva oposición, los sindicatos de funcionarios entendían que las agencias eran un paraguas para otorgarles de facto derechos solo concernientes a funcionarios y laborales que han pasado por una oposición. Así lo entiende la sentencia del TSJA, dictada tras el recurso de la asociación de empleados públicos 'Al Andalus', que anula la disposición adicional segunda del decreto 103/2011 de 19 de abril sobre los estatutos de la agencia cultural.

Según el fallo, el traspaso de empleados a la Agencia de Instituciones Culturales es «un desprecio al Estado de Derecho», ya que «vulnera los derechos fundamentales de acceder a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria».

Sindicatos de funcionarios como CSIF y la oposición reclamaron a la Junta que no recurra al Supremo y sopese dar marcha atrás con la reforma del sector público. El PP tiene recurrida esta al Tribunal Constitucional.