La Fiscalía investiga la difusión de los datos de los escoltas

La Fiscalía ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la difusión esta semana de los datos personales de una treintena de policías nacionales destinados en el servicio de escoltas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmaron ayer fuentes jurídicas.

El pasado jueves, un mensaje atribuido a 'Anonymous' comunicaba que la red de activistas informáticos había conseguido vulnerar las medidas de seguridad de la red corporativa de la Policía Nacional, donde había entrado para robar información sensible sobre los agentes.

El archivo informático con los datos fue colgado en varios sitios de descargas de Internet. El documento llevaba la firma de 'Anonymous' e incluía los nombres, apellidos, documento nacional de identidad y categoría profesional de 33 policías nacionales adscritos a la unidad encargada del servicio de seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Además, los 'hackers' de 'Anonymous' advertían de que «en breve» también harían públicos datos personales, incluso teléfonos particulares, de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), la unidad de élite de la Policía Nacional, cuya base central o se encuentra en Guadalajara.

A raíz de la filtración en la red, dependiente del Ministerio del Interior, la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) bloqueó durante horas la página web de la Policía Nacional -www.policia.es- para tratar de averiguar si los activistas de 'Anonymous' había burlado sus barreras de seguridad o si los 'ciberintrusos' simplemente habían recopilado la información sobre los agentes de Presidencia del Gobierno recurriendo a otras fuentes.

El pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, reconoció que la página de la Policía Nacional había sufrido un «ataque» y anunció que se abriría una investigación para esclarecer lo sucedido. No obstante, 'Anonymous' se desmarcó ayer de la filtración y culpó a la propia Policía Nacional del hecho con el objetivo de criminalizar y «demonizar» a la red de activistas.