Concentración contra la reforma de la Constitución ante la Subdelegación

Las direcciones provinciales de los dos sindicatos de clase mayoritarios, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, anunciaron ayer una protesta en Cádiz, dentro de la campaña contra la propuesta de reforma de la Constitución, pactada entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, para incluir un límite del déficit público en la Carta Magna. Los dos sindicatos se han unido a la exigencia de la celebración de un referéndum sobre esta modificación constitucional.

Al margen de las manifestaciones y actos convocados a nivel nacional, estas direcciones han fijado una concentración, el próximo jueves 1 de septiembre, ante la Subdelegación del Gobierno gaditana. Esta manifestación comenzará a las 19.30 horas.

Fuentes de Comisiones Obreras aseguran que, además de reclamar el referéndum y rechazar el «atentado al estado del bienestar» que supone la limitación constitucional del déficit, los convocantes también quieren denunciar el «escandalosamente corto período de tramitación de la propuesta, con tramitación en el Congreso entre el 30 de agosto y la aprobación definitiva por el Senado el 5 de septiembre.

Comparecencia pública

Aunque esta cita es la primera, de carácter local que ha trascendido, y hay un amplio calendario de protestas a escala nacional, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Cádiz, Salvador Mera y Manuel Ruiz, detallarán durante la mañana de hoy la postura de ambas centrales sindicales frente a la propuesta del Gobierno, apoyada por el PP, de reformar la Constitución para introducir en ella límite al déficit público.

Así, además de la concentración ante la Subdelegación del Gobierno, darán cuenta de las protestas que pondrán en marcha esta misma semana en Cádiz para expresar su rechazo a la reforma de la Constitución y para exigir la celebración de un referéndum.

De igual forma, explicarán su posicionamiento frente a la prolongación de los contratos en prácticas hasta los 30 años, que permitirá encadenar a empleados temporales durante un límite mayor al establecido hasta ahora. Los sindicatos consideran que esta medida es un atentado contra la estabilidad laboral y un descarado fomento de la precariedad.