El Ayuntamiento llevará a Anticorrupción el desvío millonario de dinero del Plan E

Las expectativas depositadas en la reunión que mantuvo el pasado jueves el delegado de Economía, Enrique Espinosa, con la directora general de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, han caído en picado tras la celebración del encuentro. El ejecutivo mantenía la esperanza de que la Administración central aportara soluciones urgentes al problema derivado de los desfases de Tesorería que fueron llevados a cabo por el gobierno local anterior, al que acusan los populares de haber utilizado partidas de obras del Plan E para pagar las nóminas municipales.

En la citada reunión, como explicó ayer la alcaldesa, María José García-Pelayo, el Gobierno simplemente se limitó a recibir el mensaje sin implicarse en el asunto, por lo que el ejecutivo municipal ha decidido que presentará una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción la semana próxima ante «unos hechos de gravedad extrema que tendrán consecuencias económicas importantes para Jerez». Como argumentó la primera regidora, el real decreto por el que se creó el Fondo Estatal de Inversión Local establece la obligación por parte del Gobierno central de velar por la correcta aplicación de esos fondos y garantizar que se empleen para los fines para los que fueron creados.

En el caso en que esto no sucediera, habría que reintegrar las cantidades no justificadas. Según la edil, el Ministerio ha incurrido en esta dejación al existir «una inacción u omisión del deber de velar por esa correcta aplicación de fondos públicos». Es por eso que en la denuncia, el Ayuntamiento apuntará a una doble responsabilidad: por un lado la del gobierno local anterior, al haber hecho efectiva esa desviación de dinero, y por otro la del central por las razones ya esgrimidas.

En cuanto al montante que se ha de desembolsar, alcanza los 5,2 millones de euros, aunque el Consistorio tratará de estudiar cada caso concreto priorizando por las obras que ya están finalizadas y que no han sido abonadas a las constructoras. «Queremos dar un mensaje de tranquilidad a proveedores y contratistas -trasladó la alcaldesa-, porque el trabajo hecho se va a pagar».

Un respiro con Hacienda

En los próximos días, la pelota estará en el tejado de la Fiscalía que deberá establecer las responsabilidades administrativas o penales que procedan. «En todo esto hay algo llamativo -incidió García-Pelayo-, y es que todos los movimientos que se hicieron en estas cuentas restringidas se llevaron a cabo sin contar con los informes técnicos favorables, incluso fueron informados con reparos sobre ello».

Al contrario con lo ocurrido en el Ministerio, de donde sí salió satisfecho Espinosa fue de la reunión mantenida con responsables de Hacienda y la Seguridad Social. Como detalló el delegado, se van a cerrar dos acuerdos para obtener liquidez y hacer frente a esa deuda histórica de 120 millones de euros, si bien existe un escollo fundamental como es la obligación de abonar seis millones antes de concretar cualquier tipo de convenio.

La solución propuesta por el Ayuntamiento es la de desbloquear dos cuotas mensuales de la PIE (Participación de Ingresos del Estado) que se encuentran retenidas y cuya cantidad total asciende precisamente a seis millones de euros. Una vez que ello suceda, las partes podrán sentarse a renegociar y diseñar un modelo de pago con el que poco a poco se solvente el débito, algo que Espinosa confía en que se produzca en el mes de octubre, lo que facilitará que se consiga el cobro de los diez millones de ICO anuales.

«Irregularidades» en el PTA

Otro de los asuntos que destacó la alcaldesa durante su comparecencia fue la celebración del consejo del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), en el que el Ayuntamiento ha solicitado informes sobre el suelo libre, el ocioso y la ampliación, entre otros, ya que como recordó hay empresas que han comprado terreno pero no están funcionando en la actualidad. En esta línea, también pidieron información sobre las compañías que han recibido subvenciones y luego han cambiado su objeto social, lo que incurriría en presuntas irregularidades que están siendo investigadas por el Ministerio Fiscal, en virtud de una denuncia presentada en su día por el PP.

Por último, García-Pelayo hizo mención a una sentencia que acaba de dictar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que obliga al ejecutivo local a abonar 3,5 millones de euros relativos a la primera fase de cimentación de la Ciudad de Flamenco, cuyas obras se encuentran ahora mismo paralizadas. Otra «patata caliente» para el Consistorio, como lamentó la alcaldesa, que hará todo posible por llegar a un acuerdo con la empresa que facilite los pagos.