Condenado por vender fincas que no eran suyas por casi nueve millones

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a Miguel Castro Hernández, el administrador de Mial Zamarrona, una empresa de Jerez dedicada a la explotación de fincas rústicas, por un intento de estafa, ya que vendió a otra compañía tres terrenos situados en Puerto Real que no eran suyos. Por ellos pretendía cobrar una cantidad que parece desorbitada: 8,8 millones de euros, según recoge la sentencia de la Sección Cuarta. Las fincas son El Perdigón, La Romera y las Navas, dedicadas a la ganadería de vacas y a la explotación agrícola. Por suerte, el comprador y víctima de la estafa que acaba de ser resuelta judicialmente -otra empresa del sector de la agricultura- no pagó ni un céntimo, ya que los estafadores no pudieron presentar ningún papel que acreditara que las fincas eran suyas.

La venta fraudulenta se remonta varios años atrás, al 11 de diciembre de 2003, casualmente un día antes de que el procesado cumpliera 57 años. Sin embargo, el juicio no se ha celebrado hasta ahora -cuando tiene 64-, a finales del pasado mes de junio, seis años y medio años después.

A lo largo de todo este tiempo, el procedimiento se ha enquistado en los saturados juzgados de instrucción puertorrealeños, e incluso ha fallecido uno de los imputados que debían sentarse en el banquillo por el delito de estafa en grado de tentativa, como les acusaba la Fiscalía de Cádiz.

Finalmente solo ha sido condenado Miguel Castro Hernández, que aparece como uno de los administradores de la compañía Mial Zamarrona. Su abogado defensor solicitaba en principio la libre absolución, sin embargo, Castro reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Cuarta.

Antes de que se celebrara el juicio, el acusado había llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal, que conllevó una rebaja en la pena inicial: de once meses de cárcel y una multa de 900 euros, a solo cuatro meses de prisión, que podrá eludir con el pago de 960 euros. La sanción económica, por su parte, se ha visto reducida a 240 euros. Hubiera o no acuerdo con el fiscal, todo apuntaba a que el castigo se vería reducido, ya que las evidentes dilaciones indebidas que han retrasado la celebración del juicio durante casi siete años, podrían ser planteadas por la defensa como un importante circunstancia atenuante.

A pesar de lo reducido de la pena, como recuerda la sentencia, el condenado ya se encuentra en prisión -en el centro penitenciario de Puerto III- por otras causas, al parecer, no relacionadas con esta estafa.