«Se han buscado chivos expiatorios y si son mediáticos, mejor»

Hoy el 'caso Karlos' podría quedar visto para sentencia, después de casi dos meses de juicio y cinco años de espera. Esta mañana se escucharán los últimos alegatos finales de los abogados defensores, aunque fue ayer cuando intervinieron los que más expectación atraen: el letrado del inspector médico Casto Pérez y el de María José Campanario y su madre, Remedios Torres.

Ambos abogados coincidieron en sus informes en señalar el procedimiento como un lavado de imagen para el Instituto Nacional de la Seguridad Social por sus «deficiencias» en el control de estafas y señalaron que sus clientes han sido las cabezas de turco: «Se han buscado chivos expiatorios y si son mediáticos, mejor», aseguró Francisco Baena Bocanegra, abogado de Campanario. «Esto ha sido un escándalo para el INSS, que tiene mucho que ocultar (...) Quieren la cabeza del señor Pérez Lara, para tirarla al pueblo de Roma», dijo por su parte Felipe Meléndez, defensor de Casto Pérez.

En su alegato, Baena Bocanegra contestó a cada una de las preguntas que el día anterior lanzó el fiscal para acusar a Campanario y Remedios Torres. Para la mayoría de ellas usó un mismo argumento: «No tienen pruebas directas» de que sus clientes estuvieran al tanto de la trama, sólo «juicios de valor», que él calificó como «reflexiones domésticas» y suposiciones. Baena también trató de refutar las pruebas directas con las que sí cuenta la Fiscalía, como las firmas de Remedios Torres en un contrato de Carretero y la declaración de una inspectora médico, que dijo haber oído de la madre de Campanario que era limpiadora (lo cual era falso). De lo primero, Baena dijo que no hay una pericial caligráfica que lo demuestre, y de lo segundo, dudó que la doctora tenga tanta memoria para recordar una consulta de hace cinco años: Se merece, bromeó, «un premio Nobel a la memoria». Según Baena, ambas mujeres encargaron a la gestora de Carretero un trabajo y no tenían que conocer el procedimiento. De hecho, el abogado no negó que exista una estafa. Es más, llegó a calificar a Campanario y a su madre de «víctimas de un engaño», porque pagaron 18.000 euros (o 9.000 como él insistió) para que revisaran una minusvalía, y se tramitó una pensión.

Por otro lado, Felipe Meléndez, volvió a cargar las tintas contra los acuerdos de conformidad con el fiscal, que tachó de «compra de voluntades» y poco menos que una confabulación contra su cliente: «El juicio ha sido 'uno contra todos y todos contra uno'». Sostiene Meléndez que los 'conformados' debían incriminar a Casto a cambio de una rebaja de penas «contra natura». Por ello, considera que tales declaraciones están desvirtuadas como pruebas. Meléndez llegó a sugerir que Carretero embaucó al fiscal para que además de la reducción de sus años de cárcel de 10 a cuatro, se absolviera a su padre (se le retiraron los cargos al inicio del juicio), se rebajara la pena a Elisa Calvente y a otros familiares acusados. Al respecto Meléndez bromeó: «Si alguien dice por mi hija mato, qué no hará por su padre, su suegra, su novia...», parafraseando a la televisiva Belén Esteban. El abogado también trató de convencer al tribunal de que las otras pruebas no son válidas. Por un lado, las escuchas: no cuestionó su contenido, pues en ellas aparece claramente Casto, sino cómo se autorizaron y copiaron. Según él, de forma ilegal. También criticó a los peritos que han depuesto y lanzó la sospecha de un posible adoctrinamiento, pues se reunieron con la abogada del INSS antes del juicio. El abogado insistió además en que no hay pruebas de que Casto recibiera dinero de Carretero, aunque olvidó la grabación en la que el inspector pide más cantidad «de lo de Remedios».

«El juicio de la Campa»

Ambos letrados coincidieron también al criticar el «juicio paralelo» en la prensa del corazón, aunque ambos lanzaron algunos titulares que parecían más dirigidos a los periodistas que al tribunal. «Este juicio se ha convertido en el de 'La Campa', y lo digo con tristeza», afirmó Baeza, que también acusó al fiscal de haberse impregnado de ese «espíritu mediático» y haber «discriminado punitivamente» a la esposa de Jesulín de Ubrique frente a otros acusados por el hecho de «haber defendido su inocencia» y no conformarse.

También Meléndez enfrentó «el juicio de fuera» y el «juicio de dentro» de la sala, que se mueven con «motivaciones» y reglas distintas. «Fuera las escuchas tendrán importancia» y «parecerán un escándalo», afirmó, pero «dentro sería un escándalo aceptarlas», insistió.