DIPUTACIÓN MUDA DE PIEL

Una de las decisiones más controvertidas de los gobiernos socialistas de la Diputación Provincial durante los últimos 32 años fue pintar su histórica sede del Palacio de la Aduana de color rosa palo. Fue en 2002 y provocó montañas de palabras escritas, toneladas de chascarrillos olvidados. Ahora, gracias a otro palo, en las urnas y para el PSOE, el mismo edificio mutará de piel pero ese cambio será invisible aunque despertará aún mayor revuelo que aquella soberana mano de pintura.

El Partido Popular trabaja ya en el proyecto de reestructuración de la administración provincial que, según fuentes de su dirección regional, pasa de forma ineludible por reducir el número de áreas de gestión y de asesores.

Desde Sevilla aseguran que la reordenación ya está en marcha. Eluden hablar de número de asesores a rebajar y de áreas a eliminar pero se producirá una reducción. «Si hemos anunciado que la austeridad será la norma y estamos en fase de estudio del número de asesores, cargos de confianza y departamentos de gestión es porque el cambio va a ser a menos... Blanco y en botella».

Los populares pretenden dar ejemplo y si eluden dar números es porque José Loaiza, su presidente provincial, insiste en que quiere hacer una transición «tranquila y trasparente» que pasa por eliminar ataques de pánico entre los funcionarios con cifras de recortes. Desde el martes pasado está oficialmente en marcha el equipo de trabajo y aunque sea pronto para que arroje cifras, resulta conveniente conocer el punto de partida que tiene el PP, es decir, la estructura que hereda del PSOE.

A partir de esos datos es posible la aproximación al proceso de adelgazamiento que espera a la administración provincial.

Actualmente, la estructura de la Diputación de Cádiz está dividida en diez áreas. Son las de Presidencia; Medio Ambiente y Deportes; Asistencia Municipal y Relaciones Institucionales; Hacienda, Recaudación y Patrimonio; Vivienda; Igualdad; Recursos Humanos; Cultura; Sociedad de la Información y Turismo. De ellas, la dirección regional del PP que ha iniciado las sesiones de trabajo admite que habrá una reducción, al menos, de dos, bien a través de su eliminación, bien gracias a una reagrupación de departamentos.

Esta decena de áreas actuales incluye además, hasta ahora, a once entidades, empresas públicas o instituciones con teórica función directa. Las que están en funcionamiento actualmente son: Fundación Provincial de Cultura; Patronato Provincial de Turismo; Instituto para el Fomento del Deporte; Epicsa (fomento de las nuevas tecnologías); IEDT (fomento del empleo); Agencia de la Energía de Cádiz; Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz; Ifeca (ferias y congresos); Tugasa (Turismo y hoteles de titularidad pública); Fundación Dos Orillas (cooperación con el Norte de África) y Fundación Vía Verde de la Sierra (rectora de la ruta turística y cultural).

De las áreas a las personas

Además de la cantada reducción de ese número de departamentos (y subdepartamentos), el anuncio del Partido Popular tiene una traducción directa a las personas.

El equipo popular sabe que el saliente gobierno socialista puede presentar su proyecto de recortes como un lobo que viene a tragarse decenas de puestos de trabajo. Para evitarlo, durante toda la pasada semana, teóricos responsables del futuro equipo dirigente del PP en la Diputación han pedido y prometido «tranquilidad». Aseguran que el cambio político no es una amenaza para el empleo público y que solo se trata de abrir un debate sobre la estructura, sobre los estamentos «duplicados» (como defiende Teófila Martínez) y sobre cargos de confianza, nunca sobre técnicos, trabajadores ni empleados públicos.

Los primeros en el punto de mira de la reducción son los asesores. Francisco González Cabaña asegura que son 13 y resalta que todas las restantes diputaciones andaluzas tienen un número mayor. Otras fuentes sindicales afirman que superan la veintena. El Partido Popular parte con la intención de reducir su número a la mitad aunque primero tendrá que establecer exactamente cuántos son a través de los informes y «auditorías» que ha puesto en marcha de forma unilateral y consultiva, sin carácter oficial.

De ese mismo balance saldrá también el número real de directores de área. Esta figura, que ocupan miembros de las ejecutivas locales o provincial del PSOE de forma casi exclusiva, se formalizó en 2007 después de que la impulsara el último equipo de Rafael Román (presidente hasta 2003) y que fuera recurrida por parte sindical. Con la matización judicial ya incorporada, entró en vigor hace cuatro años con 16 plazas asignadas aunque el gobierno socialista saliente considera que solo nueve de esos puestos son revisables.

El último, y mayor, grupo en cuestión es del de «libre designación». El PP baraja en la actualidad que puedan ser 36 los que trabajan en la Diputación bajo este régimen, que modifica sus funciones, sus obligaciones, sus horarios y contempla el cobro de pluses que varían según la función y la categoría. Este último sector cerraría el cupo de los recortables, los puestos o las áreas que están en cuestión bajo un criterio de austeridad que el Partido Popular pretende abanderar empujado por el creciente malestar ciudadano.

Aligerar la estructura solo será el primer escalón. Luego llegarán otros recortes que ya se ven en el horizonte: coches oficiales, sueldos, teléfonos, dietas...