Solo cinco enfermeras de San Rafael llevan el pantalón tras la sentencia

Adela Sastre no lo dudó ni un momento. Tras conocer el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo guardó la falda y la cofia en el armario y se puso el pantalón. Como ella lo hicieron otras cuatro compañeras más, todas ellas afiliadas a Comisiones Obreras, sindicato que tenía mayor representatividad en el comité de empresa cuando comenzó el conflicto.

En esta larga lucha, Adela afirmó ayer que se han sentido muy solas. «Cuando llegaron las sanciones y los expedientes, las compañeras comenzaron a alejarse». Esta soledad se ha visto reflejada este fin de semana cuando del centenar de enfermeras que trabajan en el hospital San Rafael, «solo cinco hemos llevado el pantalón». La explicación la encuentran en «el miedo» que tienen las compañeras «a posibles represalias en forma de traslados» y las trabas que está poniendo la propia empresa para entregar pantalones. «A ver quién es la guapa que le pide a Pascual un pantalón», se preguntó.

De los compañeros aseguraron haber «recibido muchas críticas», aunque ha habido alguna que otra felicitación, «sobre todo de los pacientes y de sus familiares».

Por su parte, el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad de CC OO, José Antonio Aparicio, lamentó las declaraciones del actual comité de empresa donde UGT tiene mayor representación y en las que se posicionaron a favor de la empresa al decir que «el uniforme de falda y cofia es muy digno». Para Aparicio «no se trata solo de dignidad, también de prevención de riesgos por ejemplo».

El secretario general de CC OO en Cádiz Manuel Ruiz se sumó a esta crítica ya que para él, «UGT ha renunciado a defender un derecho y ha boicoteado la reclamación de algo fundamental. Incluso después de la sentencia han vuelto a decir lo mismo, hablan por la empresa sobre algo que no está vinculado al uniforme sino al derecho de las personas».

Tampoco se quiso olvidar de la Junta de Andalucía quien, a su juicio, debía haber realizado alguna valoración sobre la sentencia. Para Ruiz el papel que ha desempeñado la Administración andaluza en este conflicto ha sido «lamentable» porque «hemos tenido que llegar a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuando la Junta tuvo en sus manos la solución de este conflicto».

En cuanto a estas acusaciones, fuentes de la Delegación de Salud afirmaron que no se van a realizar ninguna valoración ni de la sentencia ni de las críticas de CCOO, al menos de momento. Tampoco lo hará la empresa Pascual ya que según, personas cercanas, «para la empresa esto es un asunto del pasado».