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El Partido Vecinal solo pactará con quien acepte su programa
El diseño de Sancti Petri y los costes del proceso de regularización serán los dos asuntos clave de un hipotético acuerdo con el PP o con el PSOE
CHICLANA Actualizado: GuardarSon la llave del próximo gobierno local. Tanto PP como PSOE deben pactar con ellos para obtener la mayoría absoluta, y en el caso de los socialistas, al apoyo de los vecinos también debe seguirle el respaldo de IU. El Partido Vecinal Regionalista liderado por Marisol Ayala ha conseguido dos representantes en la próxima Corporación. Todos los focos apuntan a ellos, el teléfono de su alcaldable no para de sonar, y los medios de comunicación hacen cábalas. «Están siendo días de locura, pero aún no hay nada decidido. Lo más inteligente es esperar un poco», asegura categórica Ayala.
LA VOZ mantuvo ayer una conversación amplia, sosegada, con la número uno de la lista del PVRE. Burgalesa de nacimiento y afincada desde hace más de una década en la localidad, Marisol Ayala y Tomás Serrano (como número dos), serán los representantes del movimiento vecinal en el próximo Ayuntamiento de Chiclana. Ambos serán piezas claves en la toma de posesión del nuevo alcalde.
A día de hoy está abierto un pacto con el PP, pero también es posible un acuerdo con los socialistas. «Quien quiera pactar con nosotros debe comprometerse a cumplir nuestro programa electoral. Es prioritario dar luz y agua a las viviendas del extrarradio, que los costes de la regularización sean lo que cuesten las obras, mejorar las ayudas a los mayores o que el futuro Sancti Petri sea para el pueblo». Casi sin quererlo, Marisol da algunas de las claves para entender la cocción del nuevo pacto chiclanero.
El Partido Vecinal no tiene cerrado todavía ningún acuerdo, pero se deja querer a sabiendas de que «pactemos con quien pactemos, nos van a criticar». Ayala ya ha recibido ofrecimientos y llamadas de un bando y de otro. Ellos repiten que trabajarán desde dentro «por los intereses de los ciudadanos», y recuerdan el compromiso de transparencia en la gestión pública y respeto a la legalidad que firmaron ante notario.
La decisión de respaldar la investidura de Marín o Román se hará esperar. Como ya sucedió en 2007, el urbanismo será clave. «¿Que si quiero ser concejala de Urbanismo?, no sé, a eso no contesto», bromeaba. En su programa se hacía el cálculo de que la licencia de primera ocupación de cada casa costaría 12.700 euros. Habrá que ver si dentro de unos meses sigue pensando que esa cifra «es posible», como rezaba su eslogan electoral.