Los primeros testimonios, con dudas y contradicciones

Al menos diez de los 25 acusados en la 'operación Karlos' declararon ayer ante el tribunal, para reconocer su participación en la trama de obtención de pensiones de invalidez falsas.

La asunción de la culpa era fundamental para formalizar el acuerdo de conformidad al que habían llegado con el fiscal meses atrás, por el cual se les rebajará la pena a un nivel mínimo que les permita eludir la cárcel. Para la mayoría, de cuatro años y medio a dos años. Pero algunos, a los que se pedían castigos todavía menores, sólo pagarán una multa.

Con todo, el proceso no fue tan fácil como de costumbre. Muchos de ellos, no se limitaron a reconocer los escritos de acusación, sino que además trataron de matizarlos. A veces de tal manera, que cayeron en pequeñas contradicciones y algunos, incluso, dijeron que no se acordaban si habían hecho las falsificaciones que acababan de admitir.

Los que ayer desfilaron ante el tribunal pertenecían a lo que el abogado Felipe Meléndez llamó el «primer grupo» de los conformados. Los personajes de la trama con más relevancia, como Carlos Carretero, Elisa Calvente o José López Fernández 'El Turronero', pertenecen en cambio al «segundo grupo», que declararán a partir del 11 de mayo.

Según lo hablado con el fiscal, los del «segundo» grupo, además de asumir su culpa, deben contestar a las preguntas del fiscal. De ahí que sus conformidades no estén aún firmadas. «Son personas interesadas en reconocer los hechos, no conformados», aclaró el fiscal. De hecho, aún pueden echarse atrás en el acuerdo.

En cambio, de los que declararon ayer, solo se esperaba que dijeran «asumo los hechos». Quizá por eso, ayer se aturrullaron cuando el fiscal decidió que también les preguntaría a ellos. Posiblemente para no hacer los distingos entre un grupo y el otro, como le acusaban algunas defensas. Estos reproches llegaron causar una confrontación entre el fiscal y Meléndez.

Otro enfrentamiento en sala

Este enfrentamiento velado, con el asunto de los acuerdos soterrado, volvió a repetirse en la jornada de ayer, aunque en esta ocasión, también implicó al presidente del tribunal, Manuel Grosso.

El asunto a discutir era si los acusados conformados declararían ya o debían esperar al 11 de mayo. El presidente de la Sala ordenó que comenzaran ayer, pero Meléndez y su compañero Francisco Baeza Bocanegra -abogado de María José Campanario- manifestaron su protesta, porque según ellos, el guión señalaba que tales pruebas iban a tomarse en la segunda semana del juicio. Argumentaron que, debido a eso, no habían llevado al juicio los cuestionarios.

El presidente del tribunal, en cambio, les recordó que un día antes les había comunicado que se procedería a las primeras declaraciones. «No lo entendimos nosotros así», manifestó Meléndez. «Pues así fue», le contestó Grosso.

Tras el breve rifirrafe y un receso para meditarlo, el tribunal decidió finalmente seguir adelante con el juicio, ya que los acusados que iban a hablar ni si quiera tenían previsto contestar a las defensas. Sólo responderían a las preguntas del fiscal.

El primero en hablar fue Harold Escalante, el médico de cabecera de Cádiz que daba las primeras bajas a los beneficiados de la trama. Se le pedían cuatro años y medio, pero será condenado a dos. Ayer reconoció los hechos, pero al preguntarle el fiscal emitió los informes y los partes falsos, se limitó a decir «no me acuerdo». ¿Le ordenó Casto Pérez que los emitiera?, le preguntó el fiscal. Pero dijo que no.

El segundo en situarse ante el tribunal fue Rocío Morales García, una vecina de Ubrique que supuestamente recibió una pensión. Y aunque admitió que así fue, al preguntarle Juan Bosco, dudó: «No, no la recibí», dijo primero. «Bueno sí, pero la devolví», dijo después. «No me acuerdo», concluyó.

«No pagué»

El siguiente declarante fue José Manuel Moreno Medinilla, también ubriqueño, que reconoció que mantuvo una conversación con Francisco Casto Pérez y Carlos Carretero en una cena, en la que supuestamente hablaron de su discapacidad y pidió a ambos que tramitaran su pensión de manera fraudulenta. Pero, según afirmó ayer, sólo «le pidió información» a Casto sobre los pasos a seguir para revisar su incapacidad, que le habían rechazado. «Me dijo que me hiciera un escáner y al mes siguiente me dieron la incapacidad», afirmó.

Pilar Bravo, Juan Luna Gallego, Juan José Vázquez, Antonio Díaz Valle y Manuel Sánchez Gutierrez, y José Roldán Rincón pasaron también por el banquillo para declarar. Éste último, compañero de Carretero en la Policía Local, llegó a afirmar que no pagó por la tramitación. «Pero Carretero era su amigo, ¿no?», le preguntó el fiscal, buscando en el favor personal, la falta de motivos económicos. Los que sí admitieron haber pagado por sus pensiones, además, alegaron que no sabían que se iban a dedicar a algo ilegal: «Era para la gestoría de Carretero», coincidieron.

El caso más peculiar de la jornada fue el de Isabel Gil Borrego, la madre de Elisa Calvente que fingió ser Remedios Torres -la madre de Campanario- ante la inspección del INSS. No pensaba conformarse, porque de hecho el fiscal no le acusa -sólo el INSS y la Junta- pero su abogado le convenció en el último momento. Tan aturrullada estaba, que se negó a contestar a todas las preguntas menos las de su abogado, que no le planteó ninguna. En consecuencia, no llegó a admitir su culpa. «Pregúntele de nuevo», pidió el letrado. Pero el magistrado se negó. Todos estos acusados, menos Gil Borrego, podrán evitar el suplicio de acudir al juicio. Ya están condenados.