El pacto envenenado

Un juicio, en el sentido más elemental de la palabra, consiste en un acto donde un acusado trata de demostrar su inocencia y una acusación juega en el sentido contrario. Pero hay vistas orales donde los hechos pasan a un segundo lugar y lo que importa es la ejecución del procedimiento. Si hubo fallos o no en la investigación. Ésta es la base del juicio que arrancó ayer. Ningún abogado apeló a la inocencia de su cliente sino a la mala praxis del juez instructor. Pero esta estrategia, que ha sido la misma que han llevado las defensas de todos los imputados desde el inicio del caso, quedó debilitada con los acuerdos previos que habían alcanzado quince de los 25 procesados que se sentaron finalmente ayer en el banquillo con el Ministerio Fiscal.

Dichos pactos suponen la confesión del implicado a cambio de una rebaja de la pena. Los letrados buscaban fijar condenas de dos años máximo para que sus clientes no ingresen en prisión. En algunos casos, según fuentes consultadas por este periódico, los acuerdos conllevaban también incriminar a otros procesados; algo que no había ocurrido en los cinco años que ha durado la investigación. Durante ese tiempo, la estrategia había sido guardar silencio y esperar a que la instrucción quedara desnuda de pruebas al anularse las escuchas telefónicas.

Este escenario es poco alentador para uno de los principales acusados en este caso, el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, quien ha sido uno de los pocos que ha optado por jugársela en el juicio. Muchos de los que habían pactado son supuestos beneficiarios de incapacidades físicas que habría pasado por la consulta del facultativo de la sanidad pública. Si su paciente confiesa, le señala con el dedo.

Ante esa situación previsible, el abogado del inspector médico, Felipe Meléndez, que además fue el primero en intervenir solicitando la anulación de todo el procedimiento, incorporó a sus argumentos un motivo nuevo de posible nulidad: la indefensión que se le genera a su cliente y a aquellos que no han rubricado una sentencia por conformidad. Para Meléndez, se pueden producir testimonios incriminatorios que hasta la fecha no se conocían y que pueden llevar a una condena segura a aquellos que no están dispuestos a confesar. Además, cuestionó si la posibilidad de obtener una rebaja penal deteriora la validez de esas declaraciones. Serían, a su juicio, unas confesiones interesadas.

La estrategia del fiscal, atando previamente varias sentencias por conformidad, era sortear la cuestión de nulidad. Al conformarse muchos de los implicados con penas menores, sus abogados no invocarían a la anulación del proceso por supuesta violación de derechos fundamentales. El Ministerio Público buscaba así que el caso no terminara con una absolución plena de todos los acusados por falta de pruebas si el tribunal aceptaba eliminar del procedimiento las escuchas telefónicas.

Sin embargo, la sorpresa llegó al cierre de la sesión de ayer cuando la mayoría de los letrados que habían pactado con el fiscal, salvo uno, se adhirió a la petición de nulidad que habían esgrimido algunos compañeros. «Están jugando a dos bandas», indicaron fuentes de las defensas, para malestar del Ministerio Fiscal.