Las defensas atacan al juez decano de Jerez por los errores en la instrucción

La primera sesión del juicio por el 'caso Karlos', celebrada en la tarde de ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz, se convirtió en una auténtica andanada de críticas por parte de los abogados defensores (o a la menos los cinco que pidieron la palabra para plantear cuestiones previas) contra el trabajo del juez magistrado número 2 de Jerez, Juan José Parra, actual juez decano de la ciudad, y que a finales de 2005 y principios de 2006 autorizó las primeras escuchas.

El objetivo era conseguir la nulidad de todas las diligencias que se llevaron a cabo bajo su dirección, dentro de la 'operación Halcón' (antes de desgajarse en la 'operación Karlos'): es decir las escuchas telefónicas que se hicieron a Carlos Carretero -el principal acusado- y su novia, Elisa Calvente, en la que se descubrió el supuesto negocio de pensiones fraudulentas. Sin estas escuchas, no sólo se pierden las pruebas fundamentales contra los acusados, sino que el juicio debe archivarse porque toda la investigación que nació de ellas queda anulada por «contaminación». Es la teoría del «arbol de frutos contaminados», que ayer fue citada varias veces.

Que las defensas pidieran la anulación de los pinchazos era algo anunciado, pues ha sido su principal estrategia a lo largo de los cinco años de instrucción. Pero sorprendió ayer el ataque feroz de sus argumentos, con dardos más o menos velados contra el juez Juan José Parra y las decisiones que tomó, que más que inconstitucionales, fueron tachadas de «dislate» y de estar llevada a cabo «sin control alguno». Del juez se ha sugerido incluso que no leía los informes de los vigilantes de Aduanas a su cargo. «Ni los estudiaba, ni argumentaba sus autos», afirmó por ejemplo Francisco Baena Bocanegra, el abogado de María José Campanario, que habló también en defensa de madre de esta, Remedios Torres, y que fue uno de los más vehementes de cuantos pidieron su turno: «No se puede jugar ni hacer experimentos con gaseosa con asuntos como estos», afirmó al definir los autos dictados por el juez Parra, que calificó de «nulos de toda nulidad». Bocanegra llegó a decir que algunas cuestiones eran «de primero, segundo o tercero de carrera».

«Sería imposible encontrar un procedimiento como este, en el que se den todos los motivos de nulidad», aseguró antes el abogado Felipe Meléndez, defensor del inspector médico de la Junta, Francisco Casto Pérez, y el primero en tomar la palabra en una sesión de cuatro horas (el juicio arrancó a las 16.30 horas y culminó a las 20.15 horas) en la que sólo dio tiempo a plantear las cuestiones previas.

Un acusado menos

En las dos filas de banquillo se sentaban 25 de los 26 acusados por la Fiscalía y las acusaciones particulares (la Junta y la Tesorería de la Seguridad Social), ya que finalmente se han retirado los cargos contra Antonio Carretero Rubiales (padre de Carlos Carretero), cuyo asiento quedó vacío entre su hijo y Elisa Calvante. Y tras ellos, un público en el que había desde alumnos de Derecho en práctica y una magistrada de los juzgados de lo Penal, a los familiares de los acusados (uno por cada), entre ellos, el torero Jesulín de Ubrique.

De los 25 acusados, al menos 15 se habían mostrado interesados en llegar a un acuerdo con el fiscal. Sin embargo, sólo cinco abogados tomaron la palabra -la abogada Patricia Domínguez quiso hacerlo, pero estaba afónica-. Meléndez fue, como suele ser habitual el primero en hablar, el que más se extendió y centró su ataque en tres frentes: Dos de ellos, contra la fase instrucción y un tercero (que el presidente del tribunal, Manuel Grosso, no consintió) contra los pactos de conformidad con la Fiscalía.

En el primer frente, criticó como era de esperar la falta de motivación de las escuchas que dieron origen al 'caso Karlos' -las de noviembre y diciembre de 2005-, porque se autorizaron para investigar las facturas falsas del 'caso Halcón'. Durante los meses posteriores, recordó Meléndez, el juez ni amplió las pesquisas, ni ordenó que se abriera una causa diferente (las dos vías lógicas, en este caso), a pesar de que los agentes de Vigilancia Aduanera le informaron de que existía una trama de obtención de facturas y que la estaban investigando. A juicio de Meléndez, Parra «ni conocía, ni dirigía, ni controlaba tal investigación; o lo que es peor, que sí lo conocía y la marginó», de manera que las escuchas serían inconstitucionales. Melendez criticó todas las prórrogas a los pinchazos dictadas por Parra, por ser «genéricas» y falta de motivación, y elogió de «valiente» al juez de instrucción de Cádiz que al retomar el caso en agosto, reconoció que «los pilares de la investigación tenían grietas» y anuló algunas de las escuchas.

El segundo frente se dirigió contra la Fiscalía, o más bien, al hecho de que ningún fiscal estuviera al tanto de las escuchas que se estaban llevando a cabo por orden del juez de Jerez. Para ello, Meléndez presentó como prueba una entrevista de 2006 en Canal Sur radio a la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, en la que ésta admitía que no se les informó en los primeros pasos del caso. «¿Donde está la seguridad jurídica?» se preguntaba el abogado, que aseguró: «existe una manifiesta vulneración de los derechos fundamentales»: el de secreto en las comunicaciones y la tutela judicial.

Tras un receso de 10 minutos, tomó la palabra el abogado de Campanario, amplió lo dicho por Meléndez al sugerir que los pinchazos al teléfono de Carretero se llevaron a cabo con un método «irregular» que rallaría en lo constitucional, y que el juez no sólo no se molestó en saber qué método usaba, sino que además, ni siquiera sabía «qué teléfonos se estaban investigando». Baena también criticó al juez instructor de Cádiz, que «tuvo la oportunidad de archivar la causa, pero tomó el camino más sencillo», según él por miedo «al peso mediático» que había cogido el caso. También cargó contra los agentes de Aduana, a los que se les dio «una patente de corso. «No es que yo desconfíe de ellos», afirmó. Y por último, hizo referencia al juicio paralelo que ha sufrido Campanario: «Un proceso que yo no se lo deseo a nadie». Igual de vehemente se mostró José Álvarez, abogado de José López 'El Turronero', al hablar de ese juicio en la calle, y recordó «aquel horrible viernes de Dolores de 2006», cuando se produjeron las declaracioens de todos los detenidos en los juzgados de Jerez, con decenas de personas en la puerta que, como ayer, gritaban contra los entonces imputados

Una «agonía»

Álvarez también aprovechó para criticar al actual presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que estando en la Audiencia «perdió la oportunidad de acabar con esta agonía» y archivar el caso. Y al que, por cierto, citó Álvarez, pues ya en 2006, puso en duda la forma de instruir del juez jerezano. Además de estos letrados, intervinieron las defensas de José García Gutiérrez y del médico Harold Escalante, pero apenas añadieron nuevos argumentos a los ya dichos por sus compañeros en la Defensa.

El juicio continúa hoy, a partir de las nueve y media de la mañana, con los turnos de palabra del fiscal y de las acusaciones particulares, que esperan impugnar todas las cuestiones previas planteadas ayer. Será el tribunal quien decida, entonces, si sigue adelante con el juicio o tiene en cuenta las anulaciones y suspende la vista oral.