LOS PARTIDOS PIERDEN LA BATALLA DE LA CORRUPCIÓN

El tópico nos condena. La corrupción «está en nuestra cultura», zanjan los menos pragmáticos en un ejercicio de resignación ante el rosario de casos judiciales que afectan a todos las formaciones con representación parlamentaria. Los partidos, presos de una aparente combinación de divergencias, intentan embridar las conductas delictivas entre sus cargos públicos mientras que se encomiendan al «y tú más» como respuesta recurrente cada vez que se tienen que defender de una acusación del rival político. Valga como ejemplo el fuego cruzado que PSOE y PP llevan intercambiando desde hace semanas en el Congreso. Mientras que los populares reclamaron al Gobierno dimisiones por el «escándalo» de los ERE irregulares de Andalucía, los socialistas recordaron que el PP va a presentar a un imputado por cohecho como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, en alusión a Francisco Camps.

Dos casos que glosan a la perfección la dificultad que existe en el panorama político español para tirar la primera piedra: el PP reclama en Andalucía una comisión para investigar un posible caso de corrupción -'Gürtel'- que niega en Valencia. O si se prefiere, el PSOE niega en Andalucía la misma herramienta de control que exige en Valencia para esclarecer los ERE irregulares.

La corrupción no es patrimonio de ninguna formación. El propio Mariano Rajoy afirmó en una reciente entrevista que ni socialistas ni populares están a salvo de este pecado que, además de a socialistas y a populares, también provoca penitencias en CiU, PNV, Coalición Canaria e IU.

Todos intentan poner fin a una lacra que, entre sus efectos colaterales, alimenta la desafección que sienten los ciudadanos hacia sus representantes. En los últimos años se han desarrollado leyes, más o menos consensuadas, para combatir la corrupción con más transparencia y controles previos. Pese a ello, todos los partidos encaran los comicios autonómicos y municipales del 22 de mayo con algún imputado en sus filas, porque en contra de lo que se podría pensar, la deshonestidad no es determinante a la hora de cosechar votos, al menos según las encuestas realizadas en los puntos más calientes del mapa del envilecimiento político.

Los máximos dirigentes de estas formaciones insisten en buscar la pulcritud en sus filas. PSOE y PP han incluido en sus programas electorales postulados contra la corrupción y han exigido a sus organizaciones regionales y locales que extremen los criterios de selección de sus candidatos. Claro que, una vez más, los mensajes son aparentemente contradictorios. Todos los candidatos regionales del PP firmaron durante la pasada convención de Palma de Mallorca un compromiso de regeneración.

Dos caras

Uno de los barones que rubricaron este manual de intenciones fue Francisco Camps, imputado por un presunto delito de cohecho impropio. En el PSOE intentan fijar con escuadra y cartabón donde está la frontera de la corrupción. La última idea con la que coquetean es que, aunque haya imputación, si el candidato no se ha enriquecido ilícitamente se le mantiene hasta que haya sentencia en firme, como ocurre con Elía María Blanco, alcaldesa de Plasencia (Cáceres), que repetirá como candidata pese a estar imputada por presunta malversación y prevaricación en relación con la supuesta adjudicación de varias obras municipales a un mismo constructor, sin la preceptiva licitación pública.

Pese a ello, todos los programas electorales incluirán promesas a favor de la transparencia y contra la perversión de la política. En el PSOE prometen publicar las retribuciones íntegras y las declaraciones de bienes no solo de sus cargos públicos, sino de todos los directivos y personal de confianza de las administraciones, así como advertirán al inicio y al final de cada mandato de las causas de posibles incompatibilidades con el cargo municipal. Tampoco ocultarán los cambios que se puedan producir en la situación patrimonial de los electos.

El punto más controvertido, a tenor de los casos conocidos, es que se comprometen a actuar con «inmediatez, agilidad y firmeza» en los casos de corrupción, adoptando medidas en cada una de las fases del procedimiento y diferenciando las responsabilidades políticas de las penales.

El Partido Popular quiere, como primer paso, «reivindicar que la política es una actividad noble y que la gran mayoría de quienes se dedican a la gestión pública son personas honradas». Sitúa, no obstante, la lucha contra la corrupción como uno de los objetivos principales de la formación que preside Mariano Rajoy. «El sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos», aseguran los populares en el documento 'Bases para el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción', que quieren ofrecer al resto de fuerzas políticas para intentar alcanzar un consenso. Abogan, en la parte práctica, por someter a un mayor control y fiscalización los ingresos, el patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos los cargos públicos. Para ello, también publicarán las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones y de sus gastos de representación.

Contemplan, incluso, una nueva reforma del Código Penal que amplíe y endurezca los tipos penales relativos a la corrupción para poder dar una respuesta «justa y contundente». Más novedoso resulta su decisión de aplicar un sistema de auditoría interna en el seno del partido «para velar por el cumplimiento del código de buenas prácticas, de los compromisos de conducta asumidos por nuestros candidatos y para realizar investigaciones de cualquier supuesto de malas prácticas, uso indebido de recursos públicos o del partido, o presuntos delitos». Otros son más someros a la hora de mostrar sus cartas.

El programa con el que CiU concurrió y ganó por mayoría las elecciones autonómicas del año pasado pasaba de puntillas por esta espinosa cuestión. De hecho, en sus 150 páginas, el documento no hacía mención expresa alguna a la lucha contra esa lacra y la palabra corrupción brillaba por su ausencia. Sí proclamaba, en cambio, en un epígrafe sobre regeneración política y liderazgo, el compromiso de Convergencia de crear un registro público de convenios suscrito entre los partidos políticos y sus fundaciones, así como por las asociaciones y las administraciones públicas. Se mostraba dispuesto además a desarrollar una política de máxima transparencia en la adjudicación de contratos desde la administración de la Generalitat y a aumentar la libre concurrencia, con una apuesta por los concursos abiertos.

El PNV, de momento, no ha incluido ni un solo punto relativo a la corrupción en sus programas electorales, pese a que varios ex altos cargos del anterior gobierno vasco están imputados en el denominado 'caso Miñano'. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, en declaraciones públicas, sí se ha mostrado dispuesto a modificar los estatutos de la formación para atajar situaciones de este tipo. En este sentido aboga por un compromiso con la «transparencia y la ética» y por actuar con «honestidad». Este compromiso aparece recogido en el preámbulo del anterior programa electoral del PNV. En este sentido cabe recordar que la formación nacionalista exigió hace un año la entrega de carnés a los militantes presuntamente implicados. Una decisión, argumentó entonces Urkullu, que no constituía «un juicio paralelo» sino «preservar la imagen de honestidad y transparencia» de su partido. Recuerda el presidente del PNV que ni a la Ejecutiva de su partido ni a ninguna otra ejecutiva «le confieren los estatutos ninguna potestad para actuar de oficio».

Izquierda Unida, por su parte, quiere más mano dura. Considera crucial ampliar hasta 30 años de inhabilitación para los condenados y limitar la cuantía de los regalos que pueden aceptar los empleados públicos.