Aprobada la ordenanza para dar servicios a 4.000 ilegales

Los propietarios de más de 4.000 viviendas sin licencia de la localidad respiran un poco más tranquilos desde ayer. El Ayuntamiento aprobó en un Pleno extraordinario, con los votos a favor de PSOE y la oposición del PP, la nueva ordenanza reguladora que permitirá sacar de la ilegalidad a ese número de inmuebles ubicados en suelo no urbanizable.

Bajo la figura urbanística de 'fuera de ordenación', esas viviendas podrán acceder en un principio a los servicios básicos de luz y agua de los que carecen en estos momentos.

Esta posibilidad es, sin duda, lo más importante en un nuevo marco jurídico que el Ayuntamiento impulsa después del cambio de normativa urbanística en Andalucía por parte de la Junta.

El debate de ayer fue muy intenso. La edil de Urbanismo, Cándida Verdier, explicó que «se trata de un paso muy importante» que llega tras años de trabajo en este área.

Las más de 4.000 casas que no tendrán cobertura dentro de las Áreas de Gestión Básica estarán cubiertas y podrán escapar en su inmensa mayoría de un procedimiento sancionador, e incluso en última instancia del derribo.

Para ello deberán llevar construidas más de cuatro años. Solo en ese caso sus propietarios podrán solicitar la declaración de 'fuera de ordenación' en la Gerencia de Urbanismo, aportando una serie de documentación entre la que se encuentra una acreditación de habitabilidad. Una vez se de el visto bueno a este trámite, podrán solicitar la licencia de ocupación, con la que podrán dirigirse a las empresas suministradores y solicitar el alta en sus servicios.

Además, al ser viviendas legales entonces los residentes podrán inscribirlas en el registro de la propiedad y obtener licencia de obras para reformas futuras.

Sin embargo, desde la oposición no todo se ve tan claro. El candidato del PP, Ernesto Marín, explicó ayer a la salida del Pleno por qué su partido había votado a favor de esta ordenanza. Marín puso en duda que el nuevo marco legal vaya a garantizar el suministro eléctrico, por ejemplo, en aquellas zonas donde hasta el momento no se cuenta con él, como es el caso de Los Llanos.

Sea como fuere, Chiclana, con más de 15.000 viviendas construidas al margen del planeamiento, da un nuevo paso en la regularización de las mismas. A día de hoy, eso sí, la efectividad de este proceso sigue en entredicho por el «elevado» coste que tiene para los propietarios.