Arranca el juicio por el secuestro al empresario sanluqueño Rafael Ávila

El juicio por el secuestro en 2008 del empresario de Sanlúcar Rafael Avila ha comenzado minutos antes de las 11,30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Poco antes de las 11,00 horas llegaban a la Audiencia los cinco acusados que se encontraban en prisión por el secuestro del empresario. En total son ocho quienes se sientan en el banquillo de los acusados.

Entre ellos se encuentra Luis Miguel Rodríguez Pueyo, considerado el cabecilla de la banda y conocido por su relación con el 'caso Arny', y Raúl Brey, que supuestamente se encargaba de custodiar al secuestrado.

El de Rafael Avila fue considerado por la Policía como "el secuestro económico de mayor duración de los investigados en España" y en el que la víctima permanecía "en peores condiciones". El 18 de junio de 2008, tras 16 días de cautiverio, el industrial sanluqueño fue liberado en un chalet de Almonte (Huelva).

La Fiscalía pide 28 años para el supuesto cerebro de la trama, mientras que la acusación particular solicita para él 32 años de cárcel, 26 años para el resto de imputados y cinco para otro más acusado de ser cómplice de los hechos.

Jamás la víctima de un secuestro, ejecutado en España, había recibido un peor trato durante el tiempo de cautiverio. Un secuestro por motivos económicos que además ha sido el más largo de los investigado hasta la fecha en el país. El empresario sanluqueño Rafael Ávila estuvo 16 días encadenado y drogado por voluntad de una banda liderada por un esperpéntico personaje, Luis Miguel Rodríguez Pueyo, quien saltara a la fama por su implicación en el 'caso Arny', el escándalo de prostitución de menores en un local de ambiente de Sevilla.

Las penas que se pondrán encima de la mesa son de diferente gravedad, en función del nivel de participación en un secuestro que conmocionó a la sociedad sanluqueña. Para el supuesto cerebro de la operación, la Fiscalía solicita el castigo más duro: 28 años de prisión. Rodríguez Pueyo además deberá enfrentarse a una pena mayor, que pide en este caso la familia de la víctima: 32 años.

Además del evidente delito de detención ilegal, al principal implicado en la captura se le acusa de un rosario de cargos: asociación ilícita, otro de hurto (por el robo de 12.000 euros a Rafael Ávila), otro más de tráfico de droga (por el pago con estupefaciente a uno de los compinches en el secuestro) y dos de falsificación y usurpación de estado civil, pues utilizó presuntamente la identidad de su hermano fallecido. De hecho, no se descubrió su verdadero nombre hasta que la Policía liberó al empresario y desenmascaró a los supuestos responsables.

Junto a él, se sentarán también en el banquillo cinco hombres, que ejercieron presuntamente de colaboradores. El fiscal pide para cada uno de ellos 22 años de cárcel y la prohibición de residir en Sanlúcar y acercarse a Ávila durante 20 años. Se trata de Raúl Brey, propietario del chalé de Almonte donde Ávila fue retenido y primo del dirigente popular Mariano Rajoy; Manuel Ibáñez, quien mantuvo relaciones profesionales con la víctima, y los hijos del cabecilla, Luis Antonio y Miguel Rodríguez de Sousa.

La lista de acusados la completan dos hermanos, Vanesa y José María Hidalgo a los que se les vincula con papeles secundarios en la trama.