La Cámara de Cuentas le dio al Ayuntamiento una semana para justificar el desfalco

Finales de marzo del año 2009. La Cámara de Cuentas se encuentra realizando una auditoría de las que suele hacer cada año de forma aleatoria. En esta ocasión los técnicos han fijado su destino en San Fernando y su Consistorio. Revisan diferentes documentos y por supuesto el estado de las cuentas. Entre tantos números hay uno que les llama especialmente la atención y es la cifra que se recoge en el total de la hoja de caja, en la que se afirma que en la caja fuerte debe haber más de siete millones de euros.

A los funcionarios del organismo autónomo les parece cuanto menos curiosa esta circunstancia ya que es muy raro que una administración guarde tanto dinero en una caja en vez de tenerlo en el banco produciendo intereses, como suele ocurrir. Un número que excedía en cuanto a las necesidades en metálico para afrontar los pagos diarios del Ayuntamiento. Este hecho ya tuvo que servir de alarma para los responsables de la Delegación de Hacienda, que sin embargo no fueron capaz de poner freno a la acumulación de dinero.

Ante esta circunstancia, los auditores solicitan que se cuente el dinero en caja, para comprobar que solo hay 19.000 euros, una cifra muy alejada de la que se aseguraba que existía en diferentes documentos municipales. Es entonces cuando la Cámara de Cuentas da una semana al interventor y a la tesorera para que aporten o los documentos que justifiquen la falta de dinero o para que aparezca el dinero.

Un plazo que expiraba precisamente el 1 de abril de 2009. Al parecer el órgano andaluz ya estaba estudiando acudir a la Justicia para exponer lo ocurrido, pero el Ayuntamiento se le adelantó al denunciar a los dos cajeros municipales encargados de la guardia y custodia del dinero. Clemente Ruiz y María José Lebrero son arrestados por la Policía Nacional y el comienzo de las investigaciones fue la justificación que el Consistorio dio a la Cámara de Cuentas ante la falta de tanto capital. Sin embargo, la denuncia solo exponía que faltaban casi 480.000 euros.

Una versión que contradice el Ayuntamiento que asegura que fueron los propios técnicos los que se dieron cuenta del desfalco tras un arqueo extraordinario en marzo al haber puesto la contabilidad a cero y encontrarse problemas para contabilizar los avales.