La reforma endurece la jubilación anticipada

El texto definitivo sobre la reforma de las pensiones, conocido en su totalidad ayer y que hoy firman en la Moncloa el presidente del Gobierno con los agentes sociales, no solo confirma que los españoles deberán trabajar más tiempo y hasta más tarde para cobrar una pensión inferior, sino que tendrán dificultades añadidas para acceder a la jubilación anticipada, una fórmula utilizada ahora por miles de trabajadores. Las cláusulas endurecen los requisitos para abandonar antes de los 65 o 67 años el mercado laboral, aunque abren el retiro anticipado a colectivos como los autónomos y los funcionarios.

Los elementos básicos de la reforma no han variado en la redacción final del pacto: retraso de 65 a 67 años de la edad de jubilación -salvo para los que tengan 38,5 años cotizados o trabajan en ocupaciones peligrosas-, elevación de 15 a 25 años del periodo de cómputo; y subida a 63 años de la jubilación anticipada, salvo en casos de crisis.

Una novedad es que nadie se podrá jubilar anticipadamente si no ha cotizado 33 años, y se fija una sola penalización: el 7,5% de coeficiente reductor por cada año, cuando antes podía llegar al 6% en las carreras largas de cotización. En los casos de «crisis» -concepto que el texto no define- se mantendrán los 61 años, con una rebaja mínima del 33% de la pensión y máxima del 42%.

Y, más importante aún, para evitar los casos de picaresca y abusos, se veta el acceso a los complementos de mínimos de pensión a aquellos trabajadores que opten por la jubilación anticipada. La política de elevar hasta un nivel determinado las pensiones más bajas ha favorecido la planificación de carreras de cotización cortas, con la vista puesta en ese tipo de complementos.

Esta medida afectará de manera especial a los autónomos, que son los que tienen más fácil diseñar las particularidades de su afiliación a la Seguridad Social, una circunstancia que les ha llevado a ser los principales beneficiarios de los complementos de mínimos.

Este colectivo se verá también muy afectado por la decisión de elevar de 15 a 25 años el periodo de cómputo, dado que es habitual que aumente sus bases de cotización en la parte final de su vida laboral, en función de la duración de ese plazo, para lograr una prestación mayor. No obstante, como la aplicación de la medida será paulatina, podrán adaptarse a la nueva situación.

Incentivos y excepciones

Los autónomos son también objetivo directo del acuerdo, que propone una política de equiparación de sus cotizaciones con las de los asalariados, pero nunca con un incremento de más de un punto cada año por encima de las del régimen general.

Para potenciar el retraso de la edad media de retiro, la reforma llega a duplicar los incentivos para permanecer en el mercado laboral tras cumplir la edad de jubilación -65 ó 67 años- con el 4% más de prestación por año si se tiene una carrera 'completa' de cotización.

Pese al endurecimiento de la mayoría de las medidas, el cambio no es tan agresivo en determinadas circunstancias. Así, se respetan los casos de jubilación anticipada pactados antes de la publicación oficial de la nueva norma; se mejoran las denominadas 'lagunas de cotización' para que salgan memos perjudicadas las personas con largos periodos de paro; e incluso se permite que «los trabajadores despedidos» puedan aplicar periodos de cómputo «más amplios» que los establecidos para evitar los perjuicios de la reducción de bases de cotización.

De cara a alcanzar los 38,5 años de afiliación, el texto también establece medidas que favorecen a las mujeres que han interrumpido su vida laboral para el cuidado de los hijos, y permite a los becarios -que en el futuro cotizarán a la Seguridad Social- recuperar hasta dos años de pertenencia al sistema.

El acuerdo aborda medidas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. A la ya referida de los autónomos, añade la convergencia de los regímenes especiales agrarios y de empleadas de hogar con el general; la posibilidad de elevar las bases máximas, cuando la situación económica lo permita, en proporción al salario medio, y la apertura de la puerta a la financiación complementaria del sistema a medio y largo plazo.

Ya fuera de las pensiones, el acuerdo contempla un plan de choque para jóvenes y parados de larga duración, que financiará durante un año -o seis meses si el contrato es por ese plazo- las cotizaciones a la Seguridad Social; crea una paga especial de 400 euros por seis meses para los desempleados que tengan bajos ingresos, vinculada a la recualificación profesional; y promete una estrategia para este año para mantener en el mercado laboral a los trabajadores mayores.

Así mismo, modula el alcance de la reforma laboral al prever la actuación sobre los EREs motivados por pérdidas de la empresa; y promete regular antes del 18 de junio el fondo para compensar los despidos, conocido como el modelo austriaco.

Más genéricos son los pactos sobre industria y energía, que buscan convertir estos capítulos en motores de la economía, así como el relacionado con la I-D+i.

El texto incorpora también el acuerdo sobre negociación colectiva entre sindicatos y patronal, en el que ambas partes reconocen la necesidad de reformar este capítulo.