La torre de control, en manos privadas

El Gobierno comenzó ayer a encajar las piezas de su puzzle para sacar del agujero económico a la empresa pública que más deuda acumula. Como es sabido, el futuro pasa por la privatización del 49% de AENA, por lo que Fomento dio ayer un primer paso al frente con el anuncio de la liberalización parcial de 13 torres de control, entre ellas las de Jerez y Sevilla.

La receta aplicada por el ministro de Fomento, José Blanco, ha sido clara: contra la rebelión, privatización. En una comparecencia que sirvió para relatar los encontronazos entre AENA y los controladores, Blanco anunció que su departamento liberalizará el próximo año las torres de control citadas más las de Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla.

Después, y a partir de 2012, se liberalizará el resto, lo que según José Blanco supone «romper el monopolio de AENA en la prestación de servicios de control aéreo en España». Esta situación busca además estimular la competencia entre empresas y ganar en «eficiencia y calidad de servicio». Tampoco se puede olvidar que será un duro golpe a los controladores, que pierden terreno de juego y cuota de poder.

Rentabilidad

En el caso concreto del aeropuerto de Jerez se busca enjuagar una abultada deuda de más de 116 millones de euros, convirtiendo las instalaciones en rentables para lograr el objetivo deseado por todos los agentes económicos y sociales: que las compañías aéreas vuelvan a operar en La Parra.

Una misión que no beneficiará a todos, ya que según confirmó AENA serán un total de 16 los controladores afectados por la medida en Jerez, casi la mitad de los 34 que hay entre la ciudad y Sevilla. El camino para ellos se divide en tres vías: subrogación con la empresa privada que asuma el servicio, de acuerdo a sus condiciones laborales y salariales; traslado a otra dependencia ofrecida por AENA, siempre y cuando el controlador acepte; o despido con indemnización.

Las mismas fuentes explicaron, no obstante, que todo está por concretar en base a las dos órdenes que en breve sacará el Ministerio de Fomento del Gobierno.

En cuanto al proceso, habrá que sacar a concurso el servicio de control de las torres y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas. Sea como fuere el diputado socialista por la provincia y portavoz de la comisión de Fomento, Salvador de la Encina, aseguró que no se producirá una «privatización, sino una liberalización». Es decir, una «externalización del servicio para abrirse a la participación de la empresa privada; pero la instalación, es decir la torre, seguirá siendo pública al cien por cien».

«La gestión del tráfico aéreo será cien por cien pública», remachó además Salvador de la Encina. El proceso en cualquier caso «debe redundar en que más compañías quieran operar en el aeropuerto, gracias a que se reducen costos y se aumenta la operatividad».

Por su parte, el ministro José Blanco aseguró durante su comparecencia que la liberalización de las torres es un «hito fundamental» y necesaria para adecuar la normativa al nuevo marco del Cielo Único Europeo. También anunció que el servicio de Dirección de Plataforma, que es el sistema de guiado de las aeronaves y que hasta ahora era prestado por los controladores, pasará a realizarlo el personal de AENA en los aeropuertos de Madrid y Barcelona-El Prat.

En la otra parte de su discurso, en la comisión parlamentaria de Fomento, arremetió duramente contra los controladores aéreos. Blanco afirmó que «hay un antes y un después» del «desafío a la soberanía nacional» del 3 de diciembre, cuando el abandono de controladores generó un caos aéreo, y pidió al Parlamento una respuesta tan «contundente» como «grave» ha sido este envite.

Del sabotaje a la normalidad

El ministro abundó en la excepcionalidad de la situación creada por el «sabotaje» de estos profesionales y afirmó que ante el «chantaje» de los controladores aéreos, debe legislarse para que «la vuelta a la normalidad» sea irreversible.

Según su relato, los controladores «embriagados por tantos años de continuas cesiones, han llegado a pensar que todo era posible para mantener sus privilegios, incluso poner de rodillas al Estado tomando como rehenes a cientos de miles de ciudadanos».

Aseguró que los acuerdos a los que se llegaron cuando gobernaba el PP hicieron ganar a «algún controlador de la Torre de Barajas» casi un millón de euros en el año 2008, tras realizar 1.200 horas extraordinarias, y a «algún representante (del sindicato) USCA» 600.000 euros, es decir, 100 millones de las antiguas pesetas.