Condenada a una multa por mentir en su denuncia contra dos guardias civiles
La procesada afirmó que había sido víctima de tocamientos por parte de los agentes cuando le dieron el alto en una vía de Algodonales
CÁDIZ. Actualizado: GuardarEl juzgado de lo Penal número 1 de Jerez ha condenado a una conductora al pago de cuatro euros al día durante 12 meses, en total 1.400 euros de multa, por haber formulado una denuncia falsa, por la cual pretendió involucrar a dos agentes de la Benemérita en un delito contra la libertad sexual del que dijo haber sido víctima.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que ha prestado asistencia jurídica a los dos funcionarios confirmó ayer el fallo de una sentencia, que recoge unos hechos ocurridos en el año 2008. «En el transcurso de un servicio los agentes denunciados, pertenecientes al puesto de Algodonales, dieron el alto a un vehículo. Posteriormente, sin que sepamos las razones concretas, la conductora los denunció, alegando que fue sometida a tocamientos». La denuncia fue archivada a los pocos meses después de «una minuciosa investigación de los hechos denunciados que dejó demostrada la falta de veracidad de las imputaciones vertidas sobres los guardias civiles». Tras esa decisión judicial, los funcionarios recurrieron a la Justicia para querellarse contra la víctima ficticia; una Justicia que les ha dado la razón ahora al sentenciar que la conductora incurrió en un delito por denuncia falsa.
«Eludir una sanción»
Desde la asociación profesional mostraban ayer su satisfacción con la resolución de este caso y ponía el acento en el daño sufrido por los funcionarios. «AUGC se felicita por esta sentencia que impone seguridad jurídica y confianza al trabajo que diariamente realizan miles de guardias civiles y otros agentes del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque en pocas ocasiones, los agentes están sujetos a reacciones extrañas por parte de quien pretende eludir una sanción o procesamiento denunciando injusticias que no solo perjudican la imagen del Cuerpo, sino que afecta gravemente a la vida personal, familiar y social de quien en el cumplimiento de su deber se ve obligado a vivir un proceso judicial por hechos que jamás ha cometido».
