Griñán: «Ningún empleado se hará funcionario sin las pruebas correspondientes»

El presidente andaluz y el líder de la oposición volvieron ayer a polemizar sobre el futuro laboral de los empleados de las empresas y agencias de la Junta. Un asunto sobre el que Gobierno y oposición debatirán en el próximo pleno del Parlamento y del que Griñán y Arenas dieron ayer un avance cargado de acusaciones mutuas. Javier Arenas confirmó el recurso que diputados de su partido presentarán ante el Tribunal Constitucional el próximo día 27 contra el decreto de reordenación del sector público. El líder del PP reiteró que hace fijos a más de 20.000 empleados laborales con los mismos derechos que los funcionarios. El presidente de la Junta respondió desde Jaén: «Ningún empleado se hará funcionario sin las pruebas correspondientes».

El presidente quiso zanjar con estas palabras las críticas vertidas tanto por los sindicatos de funcionarios como por el Partido Popular e Izquierda Unida contra la posibilidad de que el citado decreto, aprobado el pasado julio, sea un coladero para que los más de 20.000 contratados de las empresas y agencias públicas garanticen sus puestos de trabajo de por vida sin haber hecho ninguna oposición.

Para el PP esto tiene una lectura fácil. En caso de que el PP gane las elecciones en 2012, los socialistas habrían dejado fijos en la administración a personal de su cuerda política, ya que los populares opinan que al ser contratados sin pruebas lo han sido a dedo y por afinidad política. «No se pueden hacer blindajes laborales ni empresariales para que, aunque se produzca la alternancia, se conserve una administración con orientaciones políticas», expresó Arenas el pasado lunes en Córdoba. Ayer añadió que es una medida «antirreformista» con la idea de «institucionalizar una administración paralela» para evitar el control en las contrataciones. En su recurso el PP esgrimirá que el decreto atribuye potestades públicas a entidades sometidas al derecho privado y que, por tanto, se escapan del control público. También cree que vulnera el Estatuto porque no es una necesidad urgente; Y la libertad sindical al no haber sido negociado en la Mesa Sectorial de la Función Pública.

Todas estas razones cuelgan de la web del PP de Andalucía desde ayer. El Gobierno andaluz también replica desde la Red y ha añadido a su web del empleado público un portal sobre la reordenación de sus empresas con un mensaje que puede resumirse así: Nadie saldrá perdiendo, ni funcionarios ni laborales.

Además de la web, el Gobierno andaluz contraatacó la ofensiva del PP con la intervención del propio Griñán. En una visita a Jaén y tras sufrir otra pitada de empleados de la Agencia Andaluza del Agua, que se oponen a su fusión con Egmasa, Griñán precisó cuatro puntos «que deben quedar muy claros» contra «las mentiras» sobre el decreto que ni «están escritas, ni están en la voluntad de ningún dirigente de la Junta».

Según recoge Efe, estos puntos son: «Ningún personal o funcional laboral de la Junta de Andalucía va a perder su puesto de trabajo; todo funcionario va a seguir siendo funcionario, trabaje en el organismo que sea, organismos centrales, periféricas u organismos autónomos; todo personal laboral va a mantener su convenio colectivo hasta que se renueve o mientras no se renueve; y ninguna persona se hará funcionario en la Junta de Andalucía sin las pruebas correspondientes». Griñán criticó a «quienes quieran ganar las elecciones con bulos», en referencia a las organizaciones sindicales.