¿Una regularización ejemplar?

«Más de media ciudad necesita servicios y papeles». Con esta afirmación nacía, hace unos días, un nuevo partido político, el PVRE, -que surge del seno de los propietarios de viviendas construidas al margen del planeamiento durante años-, «para luchar desde el Ayuntamiento por nuestros derechos».

Esta aventura política deja al descubierto la fractura social que existe alrededor de un problema de difícil solución: las casas ilegales. El ex-concejal de Urbanismo socialista, Joaquín Muriano, ya advertía hace un lustro que el proceso llevaría más de una década. Se equivocó de largo. En estos días, y tras la aprobación de una Ordenanza reguladora de las denominadas áreas de gestión básica, la maquinaria administrativa municipal apenas ha comenzado con el trabajo que tiene por delante, y miles de vecinos aún no tienen información, y algunos ni siquiera interés, en legalizar sus propiedades.

Las estimaciones oficiales hablan de 15.000 inmuebles sin licencia. En la práctica son algunos más. En estos días todo el mundo se escandaliza por el precio del metro cuadrado, de las cesiones de cargas urbanísticas, de posibles permutas de suelo, o incluso de la especulación.

Chiclana ha hecho un máster acelerado de Urbanismo, y mientras los técnicos de la GMU continúan con las directrices marcadas por el equipo de Gobierno y la calle sigue dividida, cada paso que se da es seguido de cerca por otros municipios en los que el problema de edificación incontrolada es similar.

El principal 'handicap' para que la regularización llegue a buen puerto es el coste del proceso. La Plataforma de Afectados por la Regularización criticaba, recientemente, «el negocio del siglo» que a su entender quiere hacer Urbanismo con ellos. Ellos exigen «precios más justos», y continúan con su lucha judicial con la presentación de un contencioso contra la aprobación de la Ordenanza de regularización.

Mientras, el alcalde defiende la valía del proceso, y asegura que el precio estipulado es el «mínimo posible» y que legalizar es la «única forma viable» para evitar la acción de la justicia y la disciplina urbanística en forma de derribos.