Cospedal: «Ahora hay mujeres que son vejadas y no reciben indemnización»

La polémica está servida. El decreto de la Junta por el que se concede una indemnización de 1.800 euros a las mujeres que acrediten haber sido vejadas por el franquismo desató ayer un cruce de reproches entre PSOE y PP, partido que critica la medida. La primera en discrepar fue la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, quien calificó de «problemático» que la Junta «divida» a estas mujeres «por el hecho de pertenecer a una ideología y otra». La portavoz del Gobierno andaluz instó al PP a «reconciliarse» con la memoria histórica y lamentó que el decreto «les altere». El titular de Gobernación, Luis Pizarro, pidió a Cospedal que revise la historia, porque muchas de las mujeres represaliadas «no tenían nada que ver con la ideología de izquierdas de entonces».

El Gobierno andaluz aprobó el martes un decreto por el que se establecen los criterios para indemnizar con 1.800 euros a las mujeres que acrediten haber sufrido algún modo de represión en su honor e intimidad durante la guerra civil y el franquismo hasta 1950. Estas mujeres fueron rapadas y paseadas por plazas públicas a modo de escarnio, se les obligó a beber aceite de ricino o fueron violadas. Esta medida no ha sentado bien al PP, pero ninguno de los dirigentes andaluces ha hecho declaraciones sobre ello. Fue la secretaria general de este partido, María Dolores Cospedal, la primera que manifestó que hay que ser «extremadamente precavida» en este asunto y contar cuáles son las «circunstancias».

En declaraciones a Telecinco, la número dos del PP comparó las ayudas a las mujeres represaliadas por la dictadura con las que en la actualidad son maltratadas por sus parejas. Cospedal reconoció que hay que compensar de alguna manera a las mujeres que hayan sido vejadas, maltratadas, violadas o amedrentadas. «Lo que ocurre es que en la actualidad hay muchas mujeres que son objeto de violación, de maltrato, de vejaciones, y no reciben esta indemnización», apostilló. No menos crítico fue el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique Granados, que tachó la medida de «vomitiva» ya que, en su opinión, «me parece mal que se tase la dignidad de una mujer en 1.800 euros, no creo que eso resarza lo que haya podido sufrir».

La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, recomendó al presidente de la Junta «no vivir del pasado» y dedicar el dinero de la Junta a «las agresiones sociales del siglo XXI». «Esta bien cerrar las heridas, pero hay otras maneras que no tienen que ser económicas», aseveró.

Acomplejado

El Gobierno andaluz respondió desde varios frentes. La consejera de Presidencia instó al PP a reconciliarse «alguna vez con la memoria histórica y no demostrar que es un tema que les incomoda y les altera». Moreno defiende que con este decreto se «hace justicia histórica» sobre aquellas mujeres. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, calificó las declaraciones de Cospedal de «reaccionarias» y pidió a Javier Arenas que la desautorice. Pizarro dijo a Cospedal que revise sus notas sobre la historia ya que «no se prima ninguna ideología». «La indemnización reconoce a muchas mujeres que fueron vejadas, encarceladas, humilladas, perseguidas y torturadas sin tener nada absolutamente que ver con la ideología de izquierdas de aquella época», subrayó en Almería, según recoge Europa Press.

Para el PSOE, el PP actúa «con complejos» en lo referido a la memoria histórica, según su portavoz parlamentario, Mario Jiménez. En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, se preguntó por qué el PP tiene tantos problemas «cada vez que se habla del pasado, porque ni ellos, ni nadie son responsables de nada».

El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Diego Valderas, aplaudió la iniciativa de la Junta, que considera justa.