La alcaldesa propone recoger firmas para exigir al Gobierno que el puente esté abierto en 2012

La alcaldesa de Cádiz elevó ayer el volumen de sus exigencias para conocer el ritmo real y la posible fecha de culminación de la construcción del segundo puente. Teófila Martínez llegó a asegurar que si la obra de la tribuna del estadio Carranza no estuviera adjudicada «le habría dado esos 40 millones de euros al Gobierno para que no parara» los trabajos del nuevo acceso a la ciudad.

La primera edil propuso ayer una serie de iniciativas para presionar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el fin de que se reanuden los trabajos lo antes posible. Una de las propuestas es impulsar un «manifiesto ciudadano» para recabar apoyos de todos los sectores de la ciudad y de ciudadanos, a título particular, para que el Gobierno termine la obra del segundo puente, como mucho, en el mes de marzo de 2012.

Martínez recordó que el compromiso inicial era que estuviera finalizado en abril de 2011 y que, por lo tanto, esta fecha supondría un retraso de un año, «que ya es bastante». Sin embargo, cree que pese a la paralización, da tiempo a terminar para esos primeros días en que comenzará la conmemoración del Bicentenario de la Constitución.

La primera edil señaló que la ciudad no puede permitir que el puente esté para 2013 o más tarde: «A lo mejor al Gobierno no le importa, porque está acostumbrado a hacer el ridículo todos los días, pero los gaditanos no podemos admitir que no esté listo hasta entonces».

Sobre el manifiesto de exigencia al Gobierno, la alcaldesa recalcó que no se trataría de un documento político, «sino ciudadano» y adelantó que el apoyo a los grupos de la oposición se pedirá en un pleno que convocará a estos efectos en agosto. Pero la intención no es unir en un solo documento la voz de los políticos, sino de toda la sociedad y por ello, se pedirá el apoyo de sindicatos, organizaciones empresariales, vecinales... Los ciudadanos podrán hacer llegar sus firmas por medios «telemáticos» y a través de la página oficial del Ayuntamiento o de Cádizbook, dijo. «El Ayuntamiento representa a todos los ciudadanos por igual: a los votantes del PSOE, de Izquierda Unida y a los del PP».

Además, como alcaldesa solicitará una entrevista con el ministro de Fomento, José Blanco, para que le aclare las fechas exactas de la finalización del proyecto y sobre todo, qué significa lo de la «solución 'ad hoc'».

Al mismo tiempo, como diputada del Partido Popular sacará adelante iniciativas parlamentarias para que el Gobierno explique «el alcance, significado y los efectos prácticos de la reprogramación de la obra». Martínez quiere saber «qué recursos extraordinarios se van a emplear para terminar el puente y de dónde van a proceder».

En cualquier caso, la alcaldesa no quiso cargar las tintas contra el ministro Blanco, con quien, según dijo, no ha tenido ningún problema. «Tengo la seguridad de que el ministro me entiende», dijo, «porque el tiempo que se pierde cuando una infraestructura no se hace es difícil de recuperar».

«La Bahía y la ciudad han estado esperando esto [el puente] durante muchos años y nosotros vamos a seguir impulsando que se termine para marzo de 2012; nunca dijimos que nosotros lo financiáramos, pero sí que lo impulsamos y lo seguiremos haciendo», finalizó.

Apenas dos horas después, en la sede provincial de su partido, Teófila Martínez recalcó y amplió estas denuncias. Ya fuera de la sede municipal, añadió que va a solicitar al presidente de la Diputación la convocatoria del Consejo Económico y Social de la Provincia para que, con la presencia del propio José Blanco, el Ministerio de Fomento aclare los ritmos de las obras más importantes de la provincia y sus fechas de inauguración. Además del nuevo puente, Teófila Martínez mostró la misma inquietud por la culminación del trazado ferroviario de alta velocidad, por la continuación de la autovía de la costa entre Vejer y Algeciras, el nudo de Tres Caminos o la entrada a Cádiz.

La alcaldesa, que aseguró hablar como parlamentaria en esta segunda intervención, aseguró además que los retrasos o los frenazos en las grandes obras de Fomento tendrán un grave efecto en los índices de desempleo de la provincia, «que ya tiene las mayores tasas de España y Europa». «Ya se ha pasado de 65.000 a 175.000 desempleados en ocho años de Gobierno del PSOE, pero con estas medidas se creará más paro», aseguró.

Luis Pizarro

«Es una buena noticia»

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro , defendió ayer que «el compromiso» del ministro de Fomento, José Blanco, con el segundo puente de acceso a Cádiz «es una buena noticia» y aseguró que no ha tenido dudas de que el Gobierno «tiene un interés y sensibilidad especiales con la culminación de este proyecto».

Pizarro quiso resaltar que Blanco ya había dicho lo mismo el pasado 1 de julio en una visita al Campo de Gibraltar «que esa obra es una prioridad y que el objetivo es cumplir el compromiso de finalizar en el horizonte del 2012».

El dirigente socialista aseguró que no ha tenido dudas del interés del Gobierno por culminar la obra, ya que «ha tenido claro que no solo está vinculado a la movilidad, sino también a todo lo relacionado con el desarrollo estratégico y económico de la provincia, sobre todo, con la ampliación del puerto».

Ignacio García

«No hay garantías»

El parlamentario autonómico de Izquierda Unida, Ignacio García, se sumó ayer a las críticas y lamentó la «ambigüedad calculada» del PSOE y su «falta de valentía» para decir «qué va a recortar y de dónde». Señaló que de las declaraciones del ministro de Fomento no se desprende ninguna garantía de que el puente vaya a estar finalizado en 2012, más allá «de buenos propósitos». En cambio, el diputado considera seguro que se van a renegociar con Dragados nuevas condiciones y formas de pago. Ignacio García alertó sobre que pasará si Dragados no acepta y especialmente sobre el aumento de coste «que saldrá de los impuestos de las trabajadoras y trabajadores». Según García en el caso del segundo puente y de otras obras reprogramadas se van a traspasar las principales decisiones al sector privado.