El juicio por el 'caso Malaya' empezará el 27 de septiembre y tendrá 95 acusados

El juicio contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento -Marbella- conocida en la historia de España, el 'caso Malaya' , tendrá 95 acusados y empezará en la Audiencia Provincial de Málaga el próximo 27 de septiembre.

El tribunal que juzgará el procedimiento ha acordado citar a las partes a las 10.00 horas del 27 de septiembre para el inicio de las sesiones del juicio oral, que empezarán con el examen de las posibles cuestiones previas.

En dicha resolución judicial, que consta de 19 folios, se acuerda la apertura del juicio contra 95 procesados, entre los que figuran el ex asesor de Urbanismo del consistorio marbellí Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

Durante la instrucción del procedimiento, que determinó incluso la disolución del Ayuntamiento de Marbella, hubo más de un centenar de procesados, pero algunas ramificaciones de la investigación han conllevado que se deduzca testimonio para su investigación y persecución en procedimientos penales separados.

Los magistrados argumentan que un proceso penal no puede mantenerse abierto indefinidamente a resultas de nuevas noticias delictivas, ampliando el número de delitos y de procesados hasta el límite de hacer ingobernable el proceso.

Juicio «mastodóntico»

Además, el tribunal recuerda que numerosas defensas han denunciado «el carácter mastodóntico de este macroproceso», por lo que atendiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad no pueden tener cabida en el mismo hechos nuevos, porque sería «ingobernable, y en definitiva, imposible de celebrar».

La Sala también acuerda en el auto judicial la extinción de la responsabilidad penal de tres procesados fallecidos, la rebeldía de otros tres (los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández y Javier Lendínez y el empresario José Manuel Llorca) y el sobreseimiento provisional de otro.

Los magistrados entienden que la complejidad de la causa, el elevado número de procesados y el hecho de haber cesado el juez instructor «hacen conveniente, para evitar dilaciones en su tramitación, que se acepte la conclusión del sumario» y que se remita la investigación de algunos hechos a procedimientos separados «para su adecuada depuración y sanción».