Andalucía quiere un trato diferencial porque su deuda es menor que la de otras CC AAPSOE y PP proponen que también se reduzca el sueldo a los parlamentarios

El Gobierno de Andalucía, la comunidad con más funcionarios públicos (en torno a 500.000, de ellos 250.000 de la administración autonómica) y con 1,37 millones de pensiones contributivas, recibió la propuesta de ajuste de Zapatero con disciplina y asentimiento. Todos los miembros del Gobierno que hablaron ayer cerraron filas con el presidente. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, calificó el plan de recorte anunciado por el presidente en el Congreso de «responsable y razonable», además de «necesario» para la recuperación económica. La consejera, que manifestó que todavía deberá hacer números para decidir cómo aplicará el nuevo ajuste en las cuentas andaluzas, recordó que esta Comunidad pedirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de junio, donde se decidirá lo que deberá aportar cada autonomía para contener el déficit, un trato preferente o diferencial porque su endeudamiento es menor al de otras comunidades y ha cumplido con el plan de estabilidad.

Esta petición no es nueva. La Junta de Andalucía la ha mantenido desde que el Gobierno reclamó la colaboración de las autonomías en el plan de estabilidad indicado por Bruselas para no sobrepasar el déficit público en un 3% en 2013. Con la nueva iniciativa de Zapatero, que implicará un aporte adicional de 1.200 millones de euros de las comunidades, la Junta sigue exhibiendo sus «deberes hechos» para que se les tengan en cuenta.

Fuentes de la Junta han señalado que el endeudamiento por habitante de Andalucía es de 1.185 euros, inferior en un 36% a la media de las autonomías (que alcanza 1.851 euros), y menos de la mitad del endeudamiento per cápita de la Comunidad Valenciana o Cataluña, según datos del Banco de España del último cuatrimestre de 2009.

Carmen Martínez Aguayo dejó bien claro que Andalucía asumirá todos los recortes indicados por Zapatero. La Junta aplicará también la rebaja del 5% del sueldo a todos sus empleados, incluidos los de las empresas públicas. El presidente, los consejeros y altos cargos verán reducidos sus salarios un 15%. Aguayo confirmó que estudia la posibilidad de congelar la convocatoria de empleo público para 2011, aunque este extremo no se confirmará hasta que termine de hacer cuentas.

El Gobierno andaluz congelará los presupuestos de la Comunidad hasta las elecciones de 2012 y además revisará los de este ejercicio. La Junta ya había anunciado que meterá la tijera en las empresas públicas para ahorrar gasto. Griñán anunció durante el viaje a Portugal que las infraestructuras previstas para este año pueden verse retrasadas en su plazo de ejecución. Ayer la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, confirmó que «se reprogramarán en el tiempo», aunque no aclaró cuáles serán aparcadas.

Lo que la Junta mantiene que seguirá sin tocar son la educación y las políticas de estímulo económico contempladas en el acuerdo de concertación. La oposición en Andalucía reiteró ayer sus críticas a los Gobiernos central y autonómico por cómo afrontan la crisis. Tanto Arenas como Valderas anunciaron que hoy interpelarán a Griñán sobre cómo afecta el nuevo reajuste. Arenas advirtió de lo duro que será para Andalucía.

Los grupos parlamentarios del PSOE y del PP coincidieron ayer en someterse a la reducción de sus remuneraciones. Los socialistas remitieron una propuesta a la Mesa de la Cámara en la que piden que esta apruebe una bajada del sueldo de los diputados, aunque el escrito no especifica si la rebaja sería del 5% que el Gobierno marca para los funcionarios, o el 15% que recomienda para los altos cargos. «Eso lo deberá decidir la Cámara», explicó Juan Muñoz, secretario del grupo socialista. Su portavoz, Mario Jiménez, defendió que «todos aquellos que reciben retribuciones del erario público, sean o no funcionarios, deben tener las mismas consecuencias».

En el mismo sentido se pronunció Javier Arenas: «Tenemos que plantearnos la reducción del 15% de nuestras retribuciones». La portavoz de su partido, Rosario Soto, anunció en Málaga una petición en este sentido a la Cámara, para que los parlamentarios, los cargos públicos electos y los altos cargos de la Administración se bajen el salario en un 15% para «dar ejemplo» ante la ciudadanía.

«Hay miles de personas que están siendo afectadas y su situación es lamentable, por no decir horrorosa, y sin embargo nosotros, los políticos, no damos ejemplos. El mejor ejemplo que podemos dar es con la reducción de nuestros propios salarios», dijo Soto, quien estuvo acompañada por el presidente provincial del PP, Elías Bendodo.

Los populares quieren que el Parlamento acoja un debate general sobre cómo afectarán a Andalucía las medidas de Zapatero. Además, Soto volvió a pedir una reducción en el número de consejerías del Ejecutivo regional y que el número de altos cargos se reduzca a la mitad.