Garzón se aleja

La legítima táctica de defensa elaborada por el juez Baltasar Garzón con su traslado temporal al Tribunal Penal Internacional para eludir una probable suspensión cautelar en sus funciones, confirma la determinación del magistrado de internacionalizar sus aprietos procesales con el Tribunal Supremo. Pero proyecta también una percepción de desconfianza sobre la ecuanimidad de la máxima instancia judicial del Estado con la que parece dispuesto a librar un pulso de estrategias en lugar de aceptar las reglas de juego vigentes para todos los ciudadanos constitucionalmente iguales ante la ley. El traslado a la Haya le permitirá a Garzón mantener su plaza en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional durante un período de siete meses y evitarse la supuesta humillación procesal del apartamiento cautelar de sus funciones; pero no dejará de establecer un precedente de excepción respecto de otros jueces suspendidos a raíz de un proceso penal. Con todo, el apartamiento temporal y territorial del juez podría contribuir a rebajar la tensión que ha rodeado su procesamiento desde el inicio facilitando a los tribunales la tarea de impartir justicia sin estar permanentemente bajo los focos mediáticos. Aunque, por contraposición, la tarea del tribunal podría acabar frente a la compleja tesitura de tener que decidir sobre la inhabilitación de un juez del TPI en plena investigación de los genocidios de Congo, Uganda o Colombia. La coincidencia del traslado del juez a la Haya con el acuerdo entre el PSOE e IU-ICV para reforzar la responsabilidad de la Administración central en las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil acentúa la sensación de que el desacierto en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica ha posibilitado en buena medida la confusión entre justicia, memoria, desagravio y revancha. Y haber abierto la brecha por la que las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria espolearon la acción penal de Garzón para atribuirse la competencia de investigar los crímenes del franquismo. Recomponer los platos rotos no será sencillo, pero los intereses políticos deben dejar de interferir en la marcha de la Justicia para evitar la presión emocional y política de una sociedad que necesita mirar al futuro más que al pasado.